Nacionales
Deciden hoy vista pública por independientes
Santo Domingo, R.D.-La comisión especial de diputados a cargo de la matriz legislativa que contempla la postulación de las candidaturas independientes discutirá este lunes si realizar o no una vista pública con el fin de determinar el rumbo de la controversial pieza, esto frente el disenso de si la figura es constitucional o no.
Existen dos interpretaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788/24 que posibilita las candidaturas sin partidos políticos: una formal y otra garantista, confirmó el fin de semana el diputado Elías Wessin, presidente del equipo legislativo, en el programa radial “Buenas noches, buena suerte” que dirige la periodista Yanessi Espinal, que se transmite de lunes a viernes por CDN radio, de 7:00 a 8:00 de la noche.
Quienes promueven la primera interpretación señalan que si se aplica la Carta Magna, “no puede haber candidaturas independientes” porque no están constitucionalizadas. Mientras, los garantistas defienden que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental, por lo que “hay que legislar extensivamente al respecto y darle al ciudadano la facultad de aspirar”.
Ante este dilema, la comitiva se reunirá hoy, a las 10:00 de la mañana, para considerar si hacer la consulta pública y de ahí definir si salir con una ley que dé participación a los aspirantes como quiere la alta corte o si, por el contrario, se opina que hay que modificar la Constitución de la República para que haya candidatos independientes.
“Vamos a socializar el proyecto lo más posible y de ahí, de la mayoría de los 23 miembros de esa comisión especial, vamos a decidir qué es lo mejor (…). El próximo lunes (hoy) hay una reunión de la comisión y ahí se va a decidir si va a haber o no vista pública”, informó el también presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
PC reitera necesidad de reforma constitucional ante el tema
Participación Ciudadana (PC) expresó nueva vez su preocupación con el proyecto de ley de candidaturas independientes y advirtió que para hacer efectiva dichas aspiraciones se va a necesitar “obligatoriamente” reformar la Constitución dominicana.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, Leidy Blanco, coordinadora general del movimiento cívico, aseguró que la Carta Magna establece con claridad que los actores del sistema electoral son los partidos, agrupaciones y los movimientos políticos.
“Entonces, realmente hay varios desafíos en la norma, sobre todo en la Constitución, que hay que reformar para poder hacer efectiva esa participación”, insistió.
Tras poner varios ejemplos, amplió que el artículo 81 de la Ley Sustantiva dice que si un senador o un diputado fallece, hay un procedimiento para elegirlo, pero no establece lo mismo para el candidato independiente que sea elegido.
La vocera de la sociedad civil afirma que todo esto no soporta ni siquiera un estudio del TC, y si se aprobara de esa manera, irá a la alta corte nuevamente, porque las disposiciones presentadas por la Junta Central Electoral (JCE) “son inconstitucionales” y no se adecúan al marco normativo de la Carta Magna.
“La verdad es que será un gran desafío, porque cuando el Tribunal Constitucional evacuó su sentencia, yo creo que quizás no estudió la complejidad de su decisión”, acotó la destacada dirigente civil en la entrevista.
Cree que en la Carta Magna están las trabas
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) coincide con PC en que para hacer viable las candidaturas independientes sería necesario modificar nueva vez la Ley Sustantiva, porque en ella están las trabas para este tipo de aspiraciones.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, cree que ante esta “realidad” sería sumamente difícil lograr consenso a través del pliego legislativo sometido a la Cámara Baja por la JCE. “Es que aquí lo que se debió de haber comenzado fue por modificar aspectos de la Constitución que le cerraron la vía a los movimientos independientes. De eso era que debíamos estar hablando hoy.
Entonces, por eso al Congreso se le está haciendo muy difícil aprobar esta ley”, advirtió el lunes de la semana pasada tras una reunión con los comisionados a cargo del polémico pliego de ley que establece la figura electoral.
Precisó que la propia Norma Suprema siempre se refiere a los partidos políticos y nunca a los movimientos independientes.
Reiteró, además, que le va a ser “muy difícil” a los senadores y diputados regular las candidaturas independientes, ya que se trata de un aspecto muy controversial.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.