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Como inadmisible fue declarado recurso de imputado que buscaba libertad por caso Pulpo
El implicado en el caso Pulpo, José Dolores Santana Carmona, continuará bajo prisión preventiva como medida de coerción luego de que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declarara inadmisible un recurso de apelación interpuesto por éste.
El tribunal, compuesto por los jueces Nancy Joaquín, Yuli Tamariz y Daniel Nolazco Olivo, tomó la decisión tras declarar inadmisible el recurso interpuesto por el imputado a través de su abogado Ruben Puntiel, en contra de la decisión dictada por el entonces juez del juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, José Alejandro Vargas, quien pasó al Tribunal Constitucional (TC).
El tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar inadmisible la apelación del imputado, ya que la audiencia no procedía debido a que, tal y como lo señaló el Ministerio Público, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida a Santana Carmona y otros implicados en el caso el pasado 06 de septiembre.
Al imputado Santana Carmona se le atribuye la participación como testaferro del coimputado Juan Alexis Medina Sánchez, en el entramado societario que sirvió de estructura operativa para las acciones fraudulentas en contra del Estado puestas en evidencia a través de la Operación Anti Pulpo.
En torno al caso demás fueron enviados a prisión Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, el ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper), Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Igualmente, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Julián Esteban Suriel Suazo, empero, se varió su prisión preventiva, por arresto dominiciliario.
Asimismo, figuran como imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República. Estos tres imputados se encuentran bajo arresto domiciliario.
Con esta investigación, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público revelaron a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencias para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.