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Mediante decreto se ordena a instituciones públicas comprar cosechas a «agricultores familiares»

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Las instituciones públicas fueron instruidas mediante el decreto 610-22 del presidente Luis Abinader a priorizar la compra de productos agrícolas crudos a los pequeños agricultores familiares y asociaciones o cooperativas integradas por éstos.

Esta medida se toma a fin de apoyar el Proyecto de Agricultura Familiar en toda la geografía nacional, y de esta manera, impulsar el desarrollo de los sectores productivos nacionales que permiten avanzar en la lucha contra la pobreza.

Las compras priorizadas deben ser aquellas que se encuentren por debajo del umbral y tomando en cuenta que el volumen de cosecha de estos agricultores no sea competitivo en los procedimientos de gran escala, enfatiza el decreto.

En su decreto, Abinader dispuso que instituciones como el Instituto dc Estabilización de Precios (Inespre), el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y Supérate establezcan mecanismos para la adquisición de productos agrícolas a cooperativas y asociaciones integradas por agricultores familiares, tanto en los mercados de productores como en otras actividades que realice el Inespre, en el marco dc sus funciones.

De acuerdo al artículo 4, al Ministerio de Agricultura se le asignó la realización de un levantamiento de la ubicación de los agricultores familiares en el territorio nacional, en un plazo no mayor de tres meses, tanto a los que ejerzan la actividad productiva de forma individual como aquellos que se encuentren asociados en cooperativas o asociaciones de agricultores familiares, así como de los tipos dc producción y su capacidad productiva, bajo el Registro Único de Productores. Este inventario deberá ser actualizado por el Ministerio de Agricultura por lo menos una vez al año o cuando le sea requerido.

“El Ministerio de Agricultura deberá expedir una acreditación a los agricultores familiares y a las cooperativas o asociaciones conformadas por éstos, conforme al Registro Único de Productores. Este será un requisito exigido en los procedimientos de compras a este sector”, reza el decreto.

Además, al Idecoop se le instruyó, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, realizar capacitaciones dirigidas a cooperativas integradas por agricultores familiares, así como canales de asistencia técnica que les facilite el apoyo para la regularización y puesta al día de estas cooperativas, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la entrada en vigor de este decreto.

En tanto que a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se le ordenó fomentar en el mercado público la adquisición de los productos provenientes de la agricultura familiar, mediante el diseño de una estrategia de abordaje conjunta con Agricultura, Supérate e Idecoop que incluya la capacitación de las unidades de compras sobre las adquisiciones a la agricultura familiar, así como la promoción del Registro de Proveedores entre los agricultores familiares.

Requisitos para venderle al Estado

El decreto establece que los agricultores familiares que deseen vender sus productos mediante procedimientos de contrataciones públicas deberán solicitar la certificación del Ministerio de Agricultura que los acredite como tales y cumplir con los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos establecidos en dicho ministerio.

El Poder Ejecutivo finalizó su decreto con la instrucción final al Ministerio de Agricultura de incluir a la DGCP en el Consejo Consultivo de la Agricultura Familiar, a “los fines de que pueda articular acciones y velar el cumplimiento de las mismas respecto a las compras públicas a la agricultura familiar”.

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Solicitud de expedicion de pasaporte electrónico llega a miles de citas reservadas.

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Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.

Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdidadeterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.

La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.

  • También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.

El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito NacionalSantiago, región norteeste y sur.

Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».

«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.

Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.

El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.

Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.

Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.

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Desorden del tránsito provoca pedido de declaracion de emergencia nacional.

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Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.

Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.

El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.

En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.

Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.

Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.

Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.

La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.

Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.

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Designan nuevo director de la Policia Nacional.

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Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República,  nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.

La decisión está contenida en el decreto número 111-26.

Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.

Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.

Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa

Trayectoria

La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.

«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.

El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.

Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.

“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.

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