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Defensa de Amable reclama inmunidad
El consejo de defensa del senador Amable Aristy Castro solicitó este jueves al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, rechazar el pedido de prisión preventiva como medida de coerción hecho en su contra bajo el alegato de que disfruta de inmunidad parlamentaria. Julio Cury, hablando en representación del consejo, dijo que a Aristy Castro no se le puede conocer la solicitud de medida de coerción hecha por la Procuraduría General de la República, en virtud de que legalmente en su contra no existe ningún tipo de imputación y porque disfruta de inmunidad parlamentaria.
“Legalmente no procede el conocimiento de esta medida, porque nuestro defendido es senador con disfrute de inmunidad parlamentaria, y porque además el juez de la Suprema Corte de Justicia Hirohito Reyes está apoderado de un recurso de objeción que hicimos contra la decisión del procurador de ordenar la reapertura del caso”, precisó Cury.
Explicó que hasta que el magistrado Reyes no decida sobre ese recurso, legalmente a Aristy Castro no se le puede conocer medida de coerción.
Amable
Mientras, el senador Aristy Castro se definió como un hombre de ideas claras y respetuoso de las leyes, razón por la cual, dijo, acudió complacidamente al llamado que le hizo la justicia para este jueves. “Complacidamente estoy respondiendo a la convocatoria que me ha formulado la honorable Suprema Corte de Justicia, porque soy un hombre de ideas claras y respetuoso de las leyes de la República Dominicana. A todo lo largo de mi vida he actuado siempre como lo que soy: un libro abierto de par en par, empeñado en ofrecer lo mejor de mí en aras del bienestar colectivo y mejorar el nivel de vida de sectores deprimidos, lo que ha sido en mi carrera política una preocupación permanente”, dijo Aristy Castro.
El juez Moscoso Segarra decidirá si acoge o no el pedimento de prisión preventiva solicitada por la Procuraduría General de la República contra el señador Amable Aristy Castro, quien es investigado por supuestamente cometer irregularidades mientras estuvo al frente de la Liga Municipal Dominicana (LMD). Sujeto a un informe de la Cámara de Cuentas del 2009, el cual revela responsabilidades penales que habría cometido Aristy Castro durante sus 12 años frente a la Liga, el procurador reabrió el caso contra el legislador y pidió para él prisión preventiva.
Conforme con el artículo 284 del Código Penal, en la vista de la medida de coerción tiene que estar presente el senador, sus abogados y el procurador de la República, así como el director de la DPCA.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.