Nacionales
Defensa de Amable reclama inmunidad
El consejo de defensa del senador Amable Aristy Castro solicitó este jueves al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, rechazar el pedido de prisión preventiva como medida de coerción hecho en su contra bajo el alegato de que disfruta de inmunidad parlamentaria. Julio Cury, hablando en representación del consejo, dijo que a Aristy Castro no se le puede conocer la solicitud de medida de coerción hecha por la Procuraduría General de la República, en virtud de que legalmente en su contra no existe ningún tipo de imputación y porque disfruta de inmunidad parlamentaria.
“Legalmente no procede el conocimiento de esta medida, porque nuestro defendido es senador con disfrute de inmunidad parlamentaria, y porque además el juez de la Suprema Corte de Justicia Hirohito Reyes está apoderado de un recurso de objeción que hicimos contra la decisión del procurador de ordenar la reapertura del caso”, precisó Cury.
Explicó que hasta que el magistrado Reyes no decida sobre ese recurso, legalmente a Aristy Castro no se le puede conocer medida de coerción.
Amable
Mientras, el senador Aristy Castro se definió como un hombre de ideas claras y respetuoso de las leyes, razón por la cual, dijo, acudió complacidamente al llamado que le hizo la justicia para este jueves. “Complacidamente estoy respondiendo a la convocatoria que me ha formulado la honorable Suprema Corte de Justicia, porque soy un hombre de ideas claras y respetuoso de las leyes de la República Dominicana. A todo lo largo de mi vida he actuado siempre como lo que soy: un libro abierto de par en par, empeñado en ofrecer lo mejor de mí en aras del bienestar colectivo y mejorar el nivel de vida de sectores deprimidos, lo que ha sido en mi carrera política una preocupación permanente”, dijo Aristy Castro.
El juez Moscoso Segarra decidirá si acoge o no el pedimento de prisión preventiva solicitada por la Procuraduría General de la República contra el señador Amable Aristy Castro, quien es investigado por supuestamente cometer irregularidades mientras estuvo al frente de la Liga Municipal Dominicana (LMD). Sujeto a un informe de la Cámara de Cuentas del 2009, el cual revela responsabilidades penales que habría cometido Aristy Castro durante sus 12 años frente a la Liga, el procurador reabrió el caso contra el legislador y pidió para él prisión preventiva.
Conforme con el artículo 284 del Código Penal, en la vista de la medida de coerción tiene que estar presente el senador, sus abogados y el procurador de la República, así como el director de la DPCA.
El Nacional
Fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que suspendió el contrato adjudicado a Transcore Latam, S.R.L., en el marco de una licitación pública nacional organizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Este fallo, que se produce tras un recurso presentado por la empresa afectada, busca aclarar la legalidad del proceso de suspensión y garantizar la transparencia en el manejo de los contratos públicos.
El 21 de noviembre de 2023, Transcore Latam interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la DGCP y el INTRANT, impugnando la resolución RIC-156-2023.
Esta resolución suspendió el contrato No. DJ-CBS-009-2023, el cual se firmo en el contexto de la Licitación Pública Nacional No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Según la empresa, la suspensión se tomo sin un respaldo legal adecuado, y argumenta que se vulneraron sus derechos constitucionales.
Por su parte, la DGCP defendió su decisión, alegando que la suspensión estaba justificada bajo la normativa vigente, específicamente la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
Esta ley otorga a la DGCP la facultad de tomar medidas cautelares cuando existen dudas sobre la legalidad de un contrato público.
El origen de la suspensión del contrato está relacionado con una serie de denuncias presentadas por otras empresas, como ESC Group, S.R.L., y otras firmas competidoras, que señalaron presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
Entre las acusaciones se incluyen la apropiación indebida de documentos, la falsificación de información y la alteración de resultados.
La DGCP, en su calidad de autoridad rectora en los procesos de compras públicas, adoptó medidas precautorias para evitar que dichos posibles vicios afectaran el interés general del Estado.
El Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo que valida la medida provisional de suspensión del contrato, lo que permite que las investigaciones sobre las irregularidades continúen.
La decisión del tribunal se basa en que la DGCP actuó dentro de sus competencias y conforme a la ley, garantizando que todas las partes pudieran presentar sus alegatos y defenderse de las acusaciones en su contra.
La resolución de la corte subraya que la medida adoptada no implica una decisión final sobre la legalidad del contrato, sino que se trata de una suspensión temporal hasta que se aclaren las denuncias.
Irregularidades en el contrato de Transcore Latam
Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que hubo varios elementos que cuestionan la transparencia del proceso de adjudicación del contrato con Transcore Latam.
Se identificó que Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras, habría influido en la modificación de los pliegos de condiciones de manera extemporánea.
Esto habría dificultado una evaluación técnica adecuada y propiciado la selección de una oferta con posibles irregularidades.
Además de Hugo Beras, Gómez Canaán y otros funcionarios mencionados en el proceso, se encuentran imputados por su presunta implicación en la corrupción administrativa y el desfalco de fondos públicos.
La investigación ha extendido sus alcances, involucrando a varios otros personajes clave del Intrant, como Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología, y Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
En libertad a pesar de todo
El 11 de noviembre, después de cumplir un mes y diez días en prisión preventiva, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Jochi Gómez y Pedro Padovanni los liberaron con condiciones que establecen una garantía económica, la prohibición de salir del país y la obligación de los implicados de presentarse regularmente ante las autoridades..
Santo Domingo, R.D.-Los controles militares en la frontera no ha detenido el trafico ilegal de haitianos hacia la República Dominicana, ya que esa representa una lucrativa actividad ilícita para quienes operan el negocio clandestino.
Sin embargo, las fuerzas militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) han logrado desmantelar múltiples redes criminales manejadas tanto por dominicanos como por haitianos, llevando a más de 170 implicados ante la justicia en los últimos cinco meses.
En el último operativo, militares del ejército detuvieron el 24 de diciembre a un haitiano que transportaba a 11 compatriotas indocumentados e intentó sobornar a los uniformados.
El detenido, Franklin Pie, conducía un Toyota Pixis blanco, placa AA24038, con los extranjeros indocumentados a bordo.
Al ser arrestado, el detenido intentó sobornar a los militares del puesto de chequeo Botoncillo con RD$ 15,000, quienes lo llevaron a la Fortaleza San Fernando para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Los extranjeros detenidos en situación migratoria irregular fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para su repatriación.
El Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, han ordenado la continuidad de los operativos de interdicción migratoria y combate al tráfico de indocumentados y mercancías ilegales en la frontera entre ambas naciones.
También aseguraron que continuarán apoyando a la Policía Nacional en su labor de garantizar la seguridad ciudadana en todas las áreas bajo responsabilidad del Ejército durante las festividades navideñas.
Santo Domingo, R.D.-La «Gracia Navideña» ha sido recibida por más de 300 mil dominicanos concedida a través de la Dirección General de Aduanas con motivo de las fiestas navideñas.
Este año Aduanas incrementó a un 30 % el valor total de artículos y regalos que los dominicanos residentes en el exterior exonerados de los aranceles.
La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresen al país por vía aérea como marítima, siempre que el valor Free on Bord (FOB) de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sea en cantidades comerciales, permitiéndose, solamente, una unidad de cada tipo.
Esta exoneración se aplica por familia, y para aquellos que tienen al menos seis meses o más sin venir a la República Dominicana.
Los vuelos comerciales procedentes de Nueva York, Miami, San Juan, Puerto Rico, New Yersey, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos, están llegando con casi un 100% por ciento de ocupación.