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Abogados de Jean Alain Rodríguez en espera de fijación de audiencia en la Suprema para conocer recurso de casación
Santo Domingo, RD.-El consejo de defensa del ex-procurador Jean Alain Rodríguez definió como una violación de derechos, de la que entienden fue víctima su cliente, debido al vencimiento de los plazos de respuesta, pero que exigirán la fijación de audiencia en la Suprema Corte de Justicia para conocer recurso de casación.
El cuerpo de juristas sostiene que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estaba obligada a dar respuesta a la solicitud del recurso de acuerdo a los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, los cuales establecen 30 días posteriores al sometimiento del mismo.
“Debido a que la Suprema Corte de Justicia no ha planteado una respuesta definitiva sobre el recurso de casación sometido el pasado 12 de octubre, han transcurrido dos meses y ocho días, el doble del período establecido por la ley y de acuerdo a acta levantada por un alguacil de la propia SCJ, el recurso adquirió admisibilidad según el Art. 154 del Código Procesal Penal”, indicó Carlos Balcácer.
En ese sentido, los miembros de la defensa apelan que se fije la fecha de la audiencia en la Alta Corte para conocer “la violación y atropello a la que fue sometida Jean Alain Rodríguez”, y al no recibir respuesta por el acto de alguacil para el pronto despacho de la respuesta enviado el viernes y por la reiteración enviada esta mañana.
“Esperamos que los honorables jueces que conforman la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fijen fecha para la audiencia de conocimiento de dicho recurso a la mayor brevedad posible”, añadió Balcácer.
Los juristas reiteraron que la violación fue admitida por las juezas de la Primera Corte de la Sala de Apelaciones del Distrito Nacional, quienes en su resolución dedicaron más de siete numerales que describen la vulneración y violaciones a las leyes y derechos fundamentales, los cuales son inconvalidables, por mandato del art. 6 constitucional y 7.7 de la Ley Núm. 137-11.
El ex Procurador se encuentra privado de libertad desde hace seis meses, aproximadamente, sin que a la fecha se haya presentado indicios o evidencias probatorias sólidas de que él haya cometido actos irregulares o incrementos en su patrimonio, según establecen los abogados defensores en un comunicado de prensa.
Señalan además que se le ha impuesto la medida máxima de coerción a pesar de haber presentado “suficientes arraigos” que le permitirían defenderse en libertad.
Gustavo Biaggi Pumarol, externó que la imputación a la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización Penitenciaria, en específico La Nueva Victoria y que al hacerlo, “lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional”.
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Biaggi.
De acuerdo con este Consejo de Defensa, la veracidad de la afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumentó el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda por un monto de casi 300 millones de pesos adicionales, y que estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, y fueron depositados por la misma Pepca.
Como parte de los elementos acusatorios recientemente incluidos por la Pepca contra el ex Procurador, se encuentra el tema de los contratos de alimentación penitenciaria por lo que Francisco Franco destacó que “los alimentos suministrados a los más de 27.000 internos por un monto de 960 millones al año. “La administración actual está destinando aproximadamente 1,400 millones utilizando a los mismos proveedores que han sido cuestionados”, destacan.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.