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«faltas graves» de jueces que conocen caso de Jean Alain, dice su defensa.

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Santo Domingo, R.D.-Los abogados del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijeron en una rueda de prensa las supuestas causas y faltas graves que justifican el cambio de tribunal del pasado 29 de enero, por medio de una recusación formal contra los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, que integran el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.

“Hemos encontrado desde el inicio de este proceso varios obstáculos con tendencia impropia de jueces prevaricadores”, argumentó el abogado defensor, Carlos Balcácer, al señalar una serie de pruebas escritas y audiovisuales de las faltas que alegan que ha cometido este tribunal.

Como primera prueba señaló el acceso prohibido de la prensa a las audiencias realizadas los días 11 y 23 de octubre del año 2024 con cámaras y grabadoras, además de que a los abogados no les fue permitido presentar la recusación de forma oral y así enarbolar los medios recursatorios implicados en el caso.

Manifestaron que la Jueza Pérez Santana ordenó de manera directa y por escrito al exprocurador depositar diversos documentos en un período de 5 días y, una vez que estos fueron depositados en los días mencionados, se negó a recibirlos por ser entregados fuera de plazo, pese a que sostienen que se realizó según lo solicitado.

“La realidad, la verdad es que quería de forma parcializada beneficiar al Ministerio Público y que no se escuchara. Estos planteamientos, son más de 30 planteamientos para saltar y que no fuera anulada la acusación porque los vicios de proceso que tienen ahí, que se evidencian a través de nuestros abogados, son muchos”, expresó Rodríguez.

Expusieron en detalle las pruebas en que los jueces y la Secretaria del Tribunal cometieron “falsedad ideológica” al presuntamente alterar y manipular el contenido del acta de audiencia del 11 de octubre del 2024, aplazándola para principios de noviembre del mismo año sin convocar a las partes involucradas.

Presentaron la resolución N° 941-2024-SRES-00095 para evidenciar que la Jueza Pérez Santana condicionó la variación de una medida de arresto domiciliario a un imputado a la existencia de acuerdos o colaboración con la Procuraduría, lo que para ellos constituye una violación al Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial y exigen justicia para los implicados, además de mantener la confianza pública en la integridad del sistema judicial dominicano.

“Son jueces que han mentido, son jueces que han falsificado documentos, son jueces que han dado la libertad a un imputado porque colabora con el Ministerio Público ya otro se la niega porque no colabora”, puntualizó el exfuncionario, refiriéndose a que cuando sucede este tipo de situaciones, la ley responde a favor del ciudadano y responde a su petición.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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