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Pruebas que presentó Ministerio Público fueron ilegales, según la defensa de Tommy Galán.

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Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos en la documentación suministrada descarta un patrón de enriquecimiento ílicito de Tommy Galán, cuyos auditores de la Procuraduría General de la República (PRG) admitieron la legalidad del patrimonio del ex-senador por la provincia de San Cristóbal
Sobre la exclusión por parte del tribunal el pasado jueves de las pruebas presentadas por la procuraduría que buscaban probar la supuesta falsedad en las declaraciones juradas de bienes de Galán, el jurista José Ricardo Taveras expresó que “si bien la pretendida prueba era ilegal de manera ostensible, y así fue declarada por el tribunal al excluirla, la misma no tendría ningún efecto probatorio de ningún modo”.
En ese sentido, agregó que “toda vez que el empleado de la PGR que estuvo a cargo del mismo consignó que no pudo establecer la determinación de la razonabilidad de las cifras contenidas en las declaraciones juradas, situación que atribuyó al error cometido por sus superiores, que a pesar de tener todas las facultades legales para requerir que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos proveyera un análisis  de las declaraciones y su sustentación, no lo hizo”.
Dijo que la PGR ignoró el mandato de la Ley 311-14 que en su artículo 12 que condiciona el acceso de la procuraduría a las declaraciones juradas, bajo la condición de que, “en todos aquellos casos en que advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado que amerite una investigación, debe solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de una inspección y análisis de la misma, a través de la referida oficina de evaluación”.
Al referirse a esa omisión, Taveras Blanco dijo que la PGR “pretendía derivar de la declaración de un simple incremento patrimonial el ilícito del enriquecimiento ilícito, sin que en ningún caso aportara absolutamente ninguna pesquisa tendente a establecer que el incremento respondía a la integración de recursos ilícitos.”
Añadió que “la mejor prueba de ello la constituye el reconocimiento de los auditores de la PGR.  Pudieron, sustentados en la documentación proveída por la Superintendencia de Bancos, establecer que los ingresos legales del senador en los últimos 16 años que ascienden a unos 49 millones, presentando una bancarización de los mismos por un importe de unos 42 millones, perfil para nada vinculable a un patrón de enriquecimiento ilícito o lavado de activos”, precisó Taveras Blanco, quien integra la referida barra de defensa de Galán, junto a los doctores Hiroito Reyes y José Fis Batista.

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Hombres que robaban alimentos fueron apresados por Policía Nacional.

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Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.

El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.

Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.

Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.

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Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.

El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.

Prohibiciones que propone proyecto de ley

  • El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
  • También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
  • Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
  • El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
  • Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.

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No habrán elecciones extraordinarias en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).

El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.

«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.

El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.

Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.

No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.

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