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Piden archivar caso senador Tommy Galán
Por alegadamente violar el principio de inviolabilidad de separación de poderes, la defensa del senador Tommy Galán solicitó ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia la nulidad de la resolución 005-2019, del Juzgado de Instrucción Especial que envió el caso a juicio de fondo.
También solicitaron el archivo definitivo del caso contra Galán, a quien se imputa recibir sobornos de la empresa Odebrecht y cesen todas las medidas de comercio impuestas el 26 de mayo de 2017, incluido la devolución de sus bienes inmuebles incautados.
Mientras el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, ordenó para hoy a las 3:00 de la tarde la continuación de la audiencia que se sigue al empresario Angel Rondón, al ingeniero Víctor Díaz Rúa, al senador Tommy Galán, al exsenador Andrés Bautista y a Roberto Rodríguez, exadministrador del Inapa.
En la audiencia, que inició a las 3:00 de la tarde y concluyó alrededor de las 7:00 de la noche, se conocieron los incidentes y argumentaciones de la defensa técnica, del senador Tommy Galán, q ue integran José Ricardo Taveras y Guarionex Ventura. Cuestionó la decisión judicial que lo envió a juicio de fondo en la SCJ.
Además renunció a adherirse a la solicitud de declaratoria de incompetencia del tribunal, que en audiencias anteriores solicitaron los abogados de Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa, por considerar que fue incorrecto el procedimiento agotado por la SCJ para conocer de las recusaciones.
“A veces las instituciones se equivocan. Está en peligro toda su vida, por el simple hecho de haber sido un servidor público”, dijo Taveras al referirse a la acusación que pesa contra Tommy Galán. Exigió al equipo investigativo actuar con responsabilidad.
Resaltó la ecuanimidad con que se ha manejado el legislador, frente a las acusaciones del Ministerio Público, al pedir que se declare la nulidad absoluta de la resolución 005-2019, del Juzgado de Instrucción Especial que envió el caso a juicio de fondo.
La barra de la defensa técnica de Galán cuestionó el auto de apertura a juicio, en el que se obvió que para que fuera sometido al proceso, se requería despojarlo de su inmunidad parlamentaria, acción que fue rechazada.
Tras las presentaciones de la primera parte de los incidentes de los abogados de Galán, Conrado Pittaluga se presentó ante el pleno de la JCJ y reclamó que se le dé tiempo suficiente para presentar sus incidentes, ya que al parecer solo le darían un día para presentar incidentes y argumentos. En mayo de 2017 la Procuraduría ordenó el arresto de 14 personas en la investigación por el pago de US$92 millones en sobornos por la constructora brasileña Odebrecht. El juicio de fondo fue abierto el 12 de octubre pasado, hasta el momento solo se han presentado incidentes. Sigue hoy con la conclusión de la defensa de Galán.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.