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Piden archivar caso senador Tommy Galán
Por alegadamente violar el principio de inviolabilidad de separación de poderes, la defensa del senador Tommy Galán solicitó ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia la nulidad de la resolución 005-2019, del Juzgado de Instrucción Especial que envió el caso a juicio de fondo.
También solicitaron el archivo definitivo del caso contra Galán, a quien se imputa recibir sobornos de la empresa Odebrecht y cesen todas las medidas de comercio impuestas el 26 de mayo de 2017, incluido la devolución de sus bienes inmuebles incautados.
Mientras el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, ordenó para hoy a las 3:00 de la tarde la continuación de la audiencia que se sigue al empresario Angel Rondón, al ingeniero Víctor Díaz Rúa, al senador Tommy Galán, al exsenador Andrés Bautista y a Roberto Rodríguez, exadministrador del Inapa.
En la audiencia, que inició a las 3:00 de la tarde y concluyó alrededor de las 7:00 de la noche, se conocieron los incidentes y argumentaciones de la defensa técnica, del senador Tommy Galán, q ue integran José Ricardo Taveras y Guarionex Ventura. Cuestionó la decisión judicial que lo envió a juicio de fondo en la SCJ.
Además renunció a adherirse a la solicitud de declaratoria de incompetencia del tribunal, que en audiencias anteriores solicitaron los abogados de Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa, por considerar que fue incorrecto el procedimiento agotado por la SCJ para conocer de las recusaciones.
“A veces las instituciones se equivocan. Está en peligro toda su vida, por el simple hecho de haber sido un servidor público”, dijo Taveras al referirse a la acusación que pesa contra Tommy Galán. Exigió al equipo investigativo actuar con responsabilidad.
Resaltó la ecuanimidad con que se ha manejado el legislador, frente a las acusaciones del Ministerio Público, al pedir que se declare la nulidad absoluta de la resolución 005-2019, del Juzgado de Instrucción Especial que envió el caso a juicio de fondo.
La barra de la defensa técnica de Galán cuestionó el auto de apertura a juicio, en el que se obvió que para que fuera sometido al proceso, se requería despojarlo de su inmunidad parlamentaria, acción que fue rechazada.
Tras las presentaciones de la primera parte de los incidentes de los abogados de Galán, Conrado Pittaluga se presentó ante el pleno de la JCJ y reclamó que se le dé tiempo suficiente para presentar sus incidentes, ya que al parecer solo le darían un día para presentar incidentes y argumentos. En mayo de 2017 la Procuraduría ordenó el arresto de 14 personas en la investigación por el pago de US$92 millones en sobornos por la constructora brasileña Odebrecht. El juicio de fondo fue abierto el 12 de octubre pasado, hasta el momento solo se han presentado incidentes. Sigue hoy con la conclusión de la defensa de Galán.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.