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Defensor del Pueblo advierte en RD hay sobrepoblación cárceles

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Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo

Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo

Santo Domingo, 14 dic – El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó este miércoles la aprobación de una ley de indultos que permita la libertad de presos con enfermedades terminales y propias del «hacinamiento» existente en cárceles dominicanas.

Sostuvo que un estudio que realiza la entidad que dirige, y que está en la etapa de cotejo de la información, ha determinado que existen cerca de 27,000 internos en los centros de prisión, divididos entre el nuevo y viejo modelos penitenciarios.

«Hay una realidad lacerante y es que existe una sobrepoblación en las cárceles sin una medida inmediata para solucionar el problema, por lo que es propicia una ley de indultos que nos permita analizar cada caso para conseguir descongestionar los centros carcelarios», precisó Ulloa en un comunicado.

Aseguró que son «numerosos» los casos de privados de libertad afectados por males como el VIH, enfermedades mentales y tuberculosis, situación que ha llevado a establecer el «pabellón de los enfermos» en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

En cuanto a la saturación de los recintos carcelarios, afirmó que en la cárcel de Baní-Hombres hay una superpoblación de 335.5 %, en La Victoria de 208,6 %, en Azua de 301,6 % y en la de Nagua, un 304,2 %.

«Nuestra institución tiene una serie de observaciones y propuestas de mejora para la Ley 113-21 del año 2021 sobre el Régimen Penitenciario, entre las cuales se encuentra la inclusión del Defensor del Pueblo en el Consejo Consultivo que contempla su artículo 8, a los fines de fortalecer la perspectiva de los derechos humanos en la creación de políticas y la adopción de medidas en el sistema penitenciario y correccional», dijo Ulloa.EFE

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Solicitud de expedicion de pasaporte electrónico llega a miles de citas reservadas.

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Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.

Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdidadeterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.

La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.

  • También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.

El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito NacionalSantiago, región norteeste y sur.

Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».

«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.

Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.

El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.

Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.

Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.

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Desorden del tránsito provoca pedido de declaracion de emergencia nacional.

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Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.

Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.

El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.

En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.

Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.

Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.

Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.

La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.

Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.

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Designan nuevo director de la Policia Nacional.

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Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República,  nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.

La decisión está contenida en el decreto número 111-26.

Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.

Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.

Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa

Trayectoria

La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.

«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.

El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.

Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.

“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.

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