Santo Domingo, RD.-En un supuesto entramado de corrupción encabezado por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, un total de 41 personas y 22 empresas fueron involucradas en el caso Medusa y en contra de las cuales el órgano persecutor del crimen y el delito del Estado presentó una acusación formal.Nacionales
Testigos claves del caso Medusa sacan a la superficie nuevos detalles.
Santo Domingo, RD.-En un supuesto entramado de corrupción encabezado por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, un total de 41 personas y 22 empresas fueron involucradas en el caso Medusa y en contra de las cuales el órgano persecutor del crimen y el delito del Estado presentó una acusación formal.Además de Rodríguez, también están implicados Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya.
Igual, Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
Mientras, entre las empresas figuran Dio SRL, Lirtec SRL, Jurinvest Abogados SRL, Espacio Arquitectura SRL, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Mac Construcciones, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
También Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil, Fire Control System Magm.
Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizik, Reynaldo Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson, Juan Asael Martínez, Giselle del Carmen Molano y José Luis Liriano Adames.
Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Rosanna Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbot, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro; Cesarion Morel Grullón, Ismael Elías de Jesús.
La acusación formal en el caso Medusa fue depositada la noche del pasado sábado por el ministerio público.
Envían expediente a jueza
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional remitió a la coordinación de los juzgados de instrucción el expediente con la acusación contenida en el caso Medusa.
Los papeles fueron depositiados en un carrito y llevados por personal del juzgado a la oficina coordinadora, ubicada en el segundo piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
A su llegada a la oficina de Atención Permanente fue guardado bajo llave, por orden de la jueza coordinadora, Kenya Romero, hasta tanto ella se apersonara allí, pues no suele acudir día domingo a la oficina.
Procedimiento
Tan pronto el expediente llega a su despacho, la jueza ordena hacer un inventario de las piezas depositadas y, mediante sorteo aleatorio computarizado, apodera del expediente a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados.
El expediente fue depositado por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado sábado a las 11:42 de la noche, junto a un equipo de fiscales de ese departamento.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.