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Delaciones, base de acuerdos caso Pulpo
Dar información para probar la acusación contra Alexis Medina y los otros imputados del caso Pulpo, además de devolver bienes y mostrar arrepentimiento, fue en lo que se basó el Ministerio Público para llegar a acuerdos con otros tres acusados en este proceso judicial.
Contrario a Francisco Pagán, que acordó una pena especial y pagar más de 40 millones de pesos, entre multa, indemnización y devolución, Julián Suriel Suazo, Domingo Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo, no entregaron tantos bienes ni una alta suma de dinero, pero sí datos útiles.
A favor de estos, el Ministerio Público solicitó al juez Deiby Peguero homologar las negociaciones, cuyos términos varían dependiendo de los datos que ofrecieron y su nivel de responsabilidad en los hechos que se le imputan.
De los tres antes mencionados, Julián Suriel Suazo, acusado de ser testaferro de Alexis Medina, quien habría liderado una red de corrupción para estafar al Estado, fue el que más dinero convino dar, ascendente a más de dos millones de pesos (esto incluye multa e indemnización).
Luego de admitir su culpabilidad, los fiscales anticorrupción solicitaron para él una pena de cinco años de prisión, de los cuales, dos años y un mes estará privado de libertad, y el restante bajo la modalidad de pena suspendida.
Además pidieron al juez ordenar el decomiso de 917 mil dólares, y más de ocho millones de pesos ocupados durante allanamiento realizado al acusado, y otros objetos, como una máquina pesada valorada en tres millones de pesos.
“Cooperar con la investigación del presente proceso y testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados… Su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, precisa el Ministerio Público en el acuerdo de procedimiento penal abreviado que fue firmado el 8 de diciembre pasado y dado a conocer más de un mes después.
De su lado, Domingo Santiago Muñoz, quien también reconoció ser testaferro de Alexis Medina, pactó con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un criterio de oportunidad, por el que, si el juez lo acogiera, no cumplirá ninguna condena.
Fue sacado del caso Pulpo luego de dar informaciones y “resarcir el daño causado al Estado mediante la devolución de los fondos sustraídos”. La Pepca basó la negociación en lo establecido en el artículo 370 del Código Procesal Penal.
Según lo indicado en el acuerdo, Santiago Muñoz devolverá un inmueble ubicado dentro de un condominio en Cap Cana.
Mientras que para el exfuncionario Lewyn Ariel Castillo, la Pepca le pidió al magistrado Peguero, quien conoce la auidencia de este proceso denomiado Pulpo, ordenar la suspensión condicional del procedimiento por un periodo de tres años bajo las condiciones de residir en un lugar determinado y abstenerse de viajar al extranjero durante el tiempo acordado.
Castillo era analista de compras de la Gerencia de Abastecimiento de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y se declaró culpable de realizar maniobras para beneficiar a empresas vinculadas a Medina con contrataciones de la entidad.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.