Nacionales
Por error de la Primera Sala de la SJC demandan al Estado dominicano.
SANTO DOMINGO.-Fue interpuesta una demanda en responsabilidad patrimonial amparándose en el error judicial como causa configuradora del daño antijurídico imputable al Estado, la cual se deriva de una sentencia dictada el 30 de pasado mes de junio por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual inadmitió un recurso de casación porque el recurrente peticionó revocar el fallo recurrido y no su casación.
La información fue ofrecida por el abogado Julio Cury, quien expresó que la decisión no solo es contraria al derecho, sino que es voluntariosa, ya que carece también de soporte normativo. “El error judicial, ya sea fáctico o de derecho, se materializa en toda decisión que sea contraria al ordenamiento, con prescindencia de la conducta subjetiva del agente infractor. Y es precisamente la contravención al derecho inmersa en una sentencia o resolución judicial lo que se enjuicia y sanciona”, sostuvo.
Agregó que cuando la aplicación del derecho es equivocada, ya porque se aplique una norma irrelevante al caso concreto, ya porque se deje de aplicar una aplicable al mismo, ya porque se apliquen normas derogadas, el error judicial degenera en una verdadera falla en la función de administrar justicia por la que el Estado debe responder.
Dijo que los ciudadanos no están obligados a soportar las cargas derivadas de un defectuoso ejercicio de la actividad jurisdiccional. “En circunstancias como estas surge el deber de indemnizar al particular, sin considerar la legalidad o ilegalidad de la conducta del juzgador. Obviamente, cuando se trata de jueces, resulta grave para la credibilidad de la administración de justicia que se cuestione la legalidad o razonabilidad de sus actuaciones, dado que son los que están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, puntualizó el jurista.
Indicó que “revocar” en las conclusiones de un recurso de casación no es un vocablo considerado como impropio o equivocado por la ley ni tampoco su uso es sancionado con la inadmisibilidad de la instancia, pero aún lo fuese, se trataría de una formalidad semántica irrazonable que pudiera sortearse en aplicación del art. 74.2 de la Constitución. “Es tanto así que el art. 33 de la misma Ley de Casación manda a la Suprema Corte de Justicia a buscar de oficio las condiciones de admisibilidad del recurso”, añadió el destacado abogado, al tiempo de señalar que el derecho de acceso a la jurisdicción que consagra el art. 69.1 constitucional, unido a la doctrina convencional, aconseja prescindir de todo formalismo impeditivo de un pronunciamiento sobre el punto litigioso objeto del conflicto.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.