El Seibo.- Atropellos incalificables denunciaron las Misioneras Dominicas del Rosario, Fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo y llamaron a la “conciencia” a las instituciones gubernamentales que actúan en contra de diferentes familias residentes en bateyes de esta provincia.
Explicaron que camiones de la Dirección General de Migración subieron, de forma violenta, a varias familias a camiones de la entidad y los trasladaron al Centro de Detención de Haina, en donde son avasallados sus derechos.
Mediante un comunicado, señalan que fue a eso de las 2:00 de la madrugada cuando se produjo el operativo, en el que sacaron a adultos y menores de edad, algunos incluso semidesnudos.
Detallan que los pertenecientes a la instancia gubernamental además se llevaron a Haina a personas con cédula dominicana, aun habiendo presentado su identificación “y que luego, al día siguiente, los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas evidencias”.
Condenaron la violencia y el abuso por parte de las autoridades, agregando que “acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a ‘no realizar repatriaciones durante horas de la noche (6:00pm a 8:00am), igualmente durante los domingos y días feriados’”.
Comunicado íntegro
Como Misioneras Dominicas del Rosario, Fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo, nos sentimos urgidos a pronunciar un llamado a la conciencia como ciudadanos de una misma Humanidad y como cristianos que creemos en un mismo Dios.
Denunciamos que se están cometiendo atropellos de instancias gubernamentales, como es la Dirección de Migración que, con conocimiento o no de sus autoridades, el pasado lunes 18 de septiembre en la madrugada irrumpieron en las casas de familias de los bateyes de El Seibo, las subieron violentamente en camiones y fueron llevadas al Centro de Detención de Haina vulnerando sus derechos.
Desde las 2:00am de la madrugada tumbaron las puertas de las casas, sacaron a adultos y menores, algunos semidesnudos porque no se les permitió recoger sus pertenencias ni vestirse; fueron golpeados y amenazados si grababan o pedía ser escuchados; registraron sus pertenencias y les robaron (porque no tiene otro calificativo) dinero, celulares, y cualquier otro objeto de valor; no les solicitaron la documentación para identificarse, y si la presentaban se la rompían o botaban, haciendo caso omiso a las evidencias que presentaban sobre la condición migratoria de unos o la identidad dominicana de otros.
Hubo casos de personas con su cédula dominicana que fueron llevados a Haina aun habiendo presentado su identificación (y que luego, al día siguiente, los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas evidencias).
La violencia y el abuso de la autoridad de los agentes de migración que llegaron allí no es justificable bajo ningún concepto. Existen acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a “no realizar repatriaciones durante horas de la noche (6:00pm a 8:00am), igualmente durante los domingos y días feriados” (Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, 02/12/1999).
No nos oponemos a las debidas acciones de control migratorio, siempre y cuando se respete el derecho de la persona y no se vulnere el derecho a identificarse debidamente. Pedimos a las autoridades que ejerzan su función sin caer en acciones abusivas que estigmatizan a las personas por su color de piel, su nacionalidad, condición migratoria o económica.
Como Familia Dominica, predicadora de la verdad, no podemos silenciar estos abusos y al mismo tiempo queremos recordar la necesidad de ser prójimo de nuestros hermanos cuando lo necesitan, independientemente de su procedencia. Hacemos un llamado a la serenidad, a la solidaridad, a no caer en generalizaciones, prejuicios o falsas noticias que nos hacen enfrentarnos como naciones.
Oremos a Dios Padre-Madre por Haitíy República Dominicana, para que como pueblo podamossalir adelante, fortalecer nuestrasinstituciones, aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones, y que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones y corazón generoso para apoyarnos como pueblos hermanos.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.