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Familias de bateyes de El Seibo denuncian atropellos y “repatriaciones abusivas”.
El Seibo.- Atropellos incalificables denunciaron las Misioneras Dominicas del Rosario, Fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo y llamaron a la “conciencia” a las instituciones gubernamentales que actúan en contra de diferentes familias residentes en bateyes de esta provincia.
Explicaron que camiones de la Dirección General de Migración subieron, de forma violenta, a varias familias a camiones de la entidad y los trasladaron al Centro de Detención de Haina, en donde son avasallados sus derechos.
Mediante un comunicado, señalan que fue a eso de las 2:00 de la madrugada cuando se produjo el operativo, en el que sacaron a adultos y menores de edad, algunos incluso semidesnudos.
Condenaron la violencia y el abuso por parte de las autoridades, agregando que “acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a ‘no realizar repatriaciones durante horas de la noche (6:00pm a 8:00am), igualmente durante los domingos y días feriados’”.
Comunicado íntegro
Denunciamos que se están cometiendo atropellos de instancias gubernamentales, como es la Dirección de Migración que, con conocimiento o no de sus autoridades, el pasado lunes 18 de septiembre en la madrugada irrumpieron en las casas de familias de los bateyes de El Seibo, las subieron violentamente en camiones y fueron llevadas al Centro de Detención de Haina vulnerando sus derechos.
Desde las 2:00am de la madrugada tumbaron las puertas de las casas, sacaron a adultos y menores, algunos semidesnudos porque no se les permitió recoger sus pertenencias ni vestirse; fueron golpeados y amenazados si grababan o pedía ser escuchados; registraron sus pertenencias y les robaron (porque no tiene otro calificativo) dinero, celulares, y cualquier otro objeto de valor; no les solicitaron la documentación para identificarse, y si la presentaban se la rompían o botaban, haciendo caso omiso a las evidencias que presentaban sobre la condición migratoria de unos o la identidad dominicana de otros.
La violencia y el abuso de la autoridad de los agentes de migración que llegaron allí no es justificable bajo ningún concepto. Existen acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a “no realizar repatriaciones durante horas de la noche (6:00pm a 8:00am), igualmente durante los domingos y días feriados” (Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, 02/12/1999).
No nos oponemos a las debidas acciones de control migratorio, siempre y cuando se respete el derecho de la persona y no se vulnere el derecho a identificarse debidamente. Pedimos a las autoridades que ejerzan su función sin caer en acciones abusivas que estigmatizan a las personas por su color de piel, su nacionalidad, condición migratoria o económica.
Oremos a Dios Padre-Madre por Haitíy República Dominicana, para que como pueblo podamossalir adelante, fortalecer nuestrasinstituciones, aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones, y que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones y corazón generoso para apoyarnos como pueblos hermanos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.