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Depositan acusación contra grupo que estafó a miles de estadounidenses
Santo Domingo.- Una acusación formal por parte de la Fiscalía de Santiago fue depositada contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes le atribuye integrar la sofisticada red del cibercrimen organizada, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada bajo la Operación Discovery, pero que al inicio de la investigación sólo se señalaban a 39 integrantes.
El Ministerio Público informó este domingo que en algo más de 1,300 páginas, el escrito de acusación contiene un grueso de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otras decenas de elementos probatorios periciales, con los que buscará demostrar la afiliación de los procesados a la estructura criminal que se conformó para, mediante el chantaje, la extorsión sexual y el robo de identidad, despojar a las víctimas de sus recursos.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, resaltó la fortaleza de las acusaciones, que incluye, también los testimonios de 130 testigos.
La investigación que en marzo del año 2022 sentó un precedente regional por poner al descubierto operaciones de delitos transnacionales, se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, con el soporte técnico de las Procuraduría Especializadas de Antilavado de Activos y la Procuraduría Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.
En la acusación, se solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.
Los acusados son
El dispositivo acusatorio presenta cargos contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte Monsanto Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Son imputados, además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz.
Asimismo, contra Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortíz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el Lápiz), Ángel Alberto Rosario ( Yankee), Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta García (Calvito), Bismark Alexander Ramos Batista, Isaías José Cepeda Fernández.
Están formalmente acusadas las empresas: Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Los procesados enfrentan cargos penales por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano. También por violar los artículos 14 , 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como además por transgresión a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.
Otros delitos
Además de estos delitos, en adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66 y 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; se les atribuye violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por el porte de armas de manera ilegal y distribución de drogas.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4 letra D, 6 letra A, y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le endilga también la violación al artículo 66, párrafo V y el 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que los imputados Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas también enfrentan cargos por violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por simple posesión de drogas.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.