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Depositan acusación contra grupo que estafó a miles de estadounidenses
Santo Domingo.- Una acusación formal por parte de la Fiscalía de Santiago fue depositada contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes le atribuye integrar la sofisticada red del cibercrimen organizada, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada bajo la Operación Discovery, pero que al inicio de la investigación sólo se señalaban a 39 integrantes.
El Ministerio Público informó este domingo que en algo más de 1,300 páginas, el escrito de acusación contiene un grueso de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otras decenas de elementos probatorios periciales, con los que buscará demostrar la afiliación de los procesados a la estructura criminal que se conformó para, mediante el chantaje, la extorsión sexual y el robo de identidad, despojar a las víctimas de sus recursos.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, resaltó la fortaleza de las acusaciones, que incluye, también los testimonios de 130 testigos.
La investigación que en marzo del año 2022 sentó un precedente regional por poner al descubierto operaciones de delitos transnacionales, se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, con el soporte técnico de las Procuraduría Especializadas de Antilavado de Activos y la Procuraduría Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.
En la acusación, se solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.
Los acusados son
El dispositivo acusatorio presenta cargos contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte Monsanto Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Son imputados, además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz.
Asimismo, contra Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortíz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el Lápiz), Ángel Alberto Rosario ( Yankee), Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta García (Calvito), Bismark Alexander Ramos Batista, Isaías José Cepeda Fernández.
Están formalmente acusadas las empresas: Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Los procesados enfrentan cargos penales por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano. También por violar los artículos 14 , 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como además por transgresión a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.
Otros delitos
Además de estos delitos, en adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66 y 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; se les atribuye violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por el porte de armas de manera ilegal y distribución de drogas.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4 letra D, 6 letra A, y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le endilga también la violación al artículo 66, párrafo V y el 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que los imputados Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas también enfrentan cargos por violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por simple posesión de drogas.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.