PARAGUAY. El derechista Mario Abdo Benítez, del gobernante partido Colorado, perteneciente a una familia vinculada con la dictadura de Alfredo Stroessner, ganó este domingo la presidencia de Paraguay, anunció el Tribunal Electoral.
“El presidente de la república es Mario Abdo Benítez”, declaró el jefe del Tribunal Electoral.
Poco después, ante miles de seguidores que le aguardaban a las puertas del partido Colorado, Abdo Benítez prometió que se esforzará para ganarse la confianza de quienes no le votaron y aseveró que la democracia de Paraguay “ha dado ejemplo”.
“Retumba en el mundo que en Paraguay la democracia está consolidada”, exclamó, justo antes de evocar a su padre, quien fue el secretario privado de Stroessner.
“No puedo olvidarme de recordar a mi padre, que fue un gran colorado”, declaró.
Abdo Benítez obtuvo 46,49% de los votos, frente a 42,72% del liberal Efraín Alegre, quien postuló por una coalición de centro izquierda. Asumirá la presidencia el próximo 15 de agosto.
Minutos después del anuncio, el candidato perdedor, Alegre agradeció el apoyo a los paraguayos y a su equipo de campaña.
Pero advirtió que su equipo verificará las actas electorales, pues también está en disputa el nuevo Congreso y los gobernadores de los 17 departamentos.
“Nosotros aceptamos que son resultados preliminares que le dan 3 puntos de ventaja a Mario Abdo”, dijo a la prensa a las puertas de su casa en Asunción.
“Creemos que el cambio en Paraguay es irreversible, más temprano que tarde”, señaló.
Hegemonía colorada
Paraguay, que salió de 35 años de dictadura en 1989, ha vivido bajo la hegemonía del partido Colorado durante los últimos 70 años, con la sola excepción del gobierno del exobispo y expresidente izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien fue destituido en un juicio político un año antes de completar su mandato.
“Me he ganado credenciales democráticas en mi trayectoria política”, declaró Abdo Benítez al rechazar este domingo las críticas que recibe por la cercanía de su familia con Stroessner.
Aunque se distancia de la dictadura recordando que para el momento del derrocamiento de Stroessner él apenas tenía 16 años de edad, en 2006 asistió a los funerales del exdictador, que se exilió en Brasilia.
De 46 años, “Marito”, como se le conoce popularmente, estudió mercadeo en Estados Unidos.
Su programa propone mantener la política económica del saliente presidente Horacio Cartes, basada en las exportaciones agrícolas, que le ha permitido a Paraguay crecer a un ritmo de 4% anual desde hace más de una década.
En este país de gran mayoría católica, se opone con vehemencia a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario.
Abdo Benítez también pretende llevar a cabo una reforma del Poder Judicial, que considera corrupto.
Paraguay figura en el puesto 135 de percepción de corrupción, de una lista de 180 países elaborada por Transparencia Internacional.
– Pobreza y desempleo –
Para Alegre, un abogado de 55 años que comenzó su actividad política en oposición a la dictadura, éste fue su segundo intento de acceder a la presidencia.
En las pasadas elecciones de 2013, en las que solamente tuvo el apoyo de su partido Liberal, perdió por ocho puntos frente al actual mandatario.
Pero esta vez reeditó la coalición con el Frente Guasú (Frente Amplio) y otras agrupaciones de izquierda que en 2008 habían dado el triunfo a Lugo.
“Deuda social”
Paraguay, un país rico en hidroelectricidad pero sin salida al mar, no logra reducir su índice de pobreza con la misma velocidad que crece su economía, en promedio 4% anual.
La pobreza afecta a 26,4% de la población y la informalidad alcanza a 40% de la economía, según los especialistas.
Cartes, que en estas elecciones postuló como senador, reconoció este domingo que en Paraguay “falta todo por hacer”.
“Tenemos deudas sociales. No se concibe que con toda la riqueza que tenemos y siendo siete millones de habitantes tengamos la pobreza que tenemos”, dijo el gobernante en declaraciones a periodistas después de votar.
Para Gladys Benegas, directora del Instituto de Investigaciones en Competitividad de Paraguay, “el número de pobres está vinculado a la falta de empleo. “Solo 3% de las empresas en Paraguay son grandes empresas. La informalidad hace que el índice de pobreza sea alto”, dijo.
Ciudad Juárez, (México).-Migrantes en la frontera norte de México luchan contrarreloj por una cita de asilo en Estados Unidos con ‘CBP One’, aplicación digital de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que el próximo presidente, Donald Trump, ha prometido eliminar, lo que deja a miles en el limbo.
El clima de angustia ha crecido en los últimos meses en Ciudad Juárez, limítrofe con el estadounidense El Paso, Texas, donde migrantes afirman a EFE que se han extendido los tiempos de espera para agendar citas, hay fallas técnicas y una alta demanda antes de la investidura de Trump, el 20 de enero.
«Primeramente, espero que me llegue la aprobación de la cita antes que tome posesión (Trump) y, en caso de que no llegue, esperar a ver qué sucede», comentó Ricardo Bravo, venezolano que lleva días viviendo en la frontera de Ciudad Juárez.
Los migrantes recuerdan que, durante su primera Presidencia (2017-2021), Trump implementó medidas restrictivas como el programa ‘Quédate en México’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos.
“Yo pienso que, si no se busca una manera antes de que Trump tome su mandato, todo eso va a desbordar las fronteras, nuevamente todos los venezolanos, cubanos, haitianos, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, todas esas personas van a buscar la manera de ingresar al país ilegalmente”, vaticinó Ricardo.
La migración no para
A pesar de una caída del 76 % en la detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos desde diciembre, según el Gobierno mexicano, la migración irregular a través de México subió un 193 % interanual hasta un récord de más de 712.000 personas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.
Entre quienes buscan llegar a Estados Unidos también hay mexicanos, como Fátima García Morales, originaria del sureño estado de Campeche que lleva siete meses en Ciudad Juárez en espera de una cita de asilo.
“Nosotros venimos huyendo por el riesgo de que nos vayan a quitar a nuestras hijas para prostituirlas más adelante, cuando ellas crezcan más, o a nosotras las mujeres nos vayan a hacer algo. Ese es el riesgo del que nosotros los mexicanos también estamos huyendo», explicó.
Una tecnología insuficiente
La Administración del presidente Joe Biden anunció la aplicación ‘CBP One’ como una solución tecnológica para ordenar el acceso a los puertos de entrada en la frontera, pero los activistas la critican por su limitada capacidad para responder a la alta demanda.
Muchos migrantes denuncian problemas constantes, como bloqueos en la plataforma, horarios restrictivos para agendar citas y falta de asistencia técnica.
«No todos tienen un teléfono adecuado o acceso a internet. Es una herramienta que excluye a los más vulnerables», sostuvo Lourdes Contreras, voluntaria en un albergue local.
«La gente aquí está desesperada, y cada día que pasa sin una cita aumenta su ansiedad», agregó.
La situación se agrava por el clima de urgencia que ha despertado el triunfo de Trump en los migrantes, quienes temen que el tiempo no les permita completar los trámites necesarios antes de posibles cambios legales, como las deportaciones masivas.
Los albergues en Ciudad Juárez también están a la expectativa, y las organizaciones que trabajan en la región advierten de que la falta de soluciones efectivas está poniendo en riesgo tanto a los migrantes como a las comunidades que los acogen.
Además, el impacto psicológico de la espera y la incertidumbre se ha vuelto evidente.
“No sabemos qué es lo que va a suceder, si van a deportar a todos aquí por la franja fronteriza o únicamente a los desplazados mexicanos o los mexicanos que están en Estados Unidos aquí a la frontera», expresó el pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano de la Iglesia Metodista de México.
“Creo yo que México, y todas las fronteras de México, no estamos preparados para poder recibir a esas personas y poder darles algún tipo de albergue», alertó.
Uruguay celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para las que 2,7 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado entre el oficialista Álvaro Delgado (Partido Nacional) y el opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio).
Las últimas encuestas expusieron gran paridad entre ambos políticos, con una leve ventaja de la izquierda, aunque con una distancia dentro del margen de error de las consultoras.
Las encuestas del balotaje en Uruguay pronostican una reñida definición entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi (AP)
En la primera vuelta celebrada el pasado 27 de octubre Orsi consiguió el 43,92% de los votos frente al 26,7% de Delgado, con la diferencia que, ahora, el oficialismo compite con el respaldo de todos sus socios que, en su totalidad, suman el 47,7 por ciento.
jornada de votación
La jornada de votación se desarrollará entre las 08:00 y las 19:30 hora local, dada la alta incertidumbre, no se prevé que haya datos disponibles antes de las 21:30.
Este jueves, antes del inicio de la veda, los políticos hicieron sus cierres de campaña en los que, una vez más, aprovecharon para hablar de sus proyectos y promesas para un posible gobierno.
“Hoy no representamos partidos, nosotros representamos proyectos”, dijo en Montevideo Delgado, en alusión a la coalición que formó con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista. “No solamente júntense para ganar, sino júntense para gobernar. Más que mayoría, (es importante) buscar acuerdos”, agregó en referencia a la postura dialoguista que prometió adoptar ante un eventual triunfo.
Por su parte, el delfín del ex presidente José Mujica habló en Las Piedras e insistió en la idea de que Uruguay debe “resolver entre dos proyectos”: “Nuestro proyecto pasa por el país de las certezas. Por el proyecto de la certidumbre y el país de las certezas”.
La elección del presidente será clave para los próximos años de la política uruguaya, ya que definirá el clima en que uno u otro partido podrá gobernar, puesto que 16 de los 30 escaños del Senado quedaron en manos del Frente Amplio, mientras que 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados son de la coalición gobernante.
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Esta misma semana, dos aviones comerciales estadounidenses fueron tiroteados, lo que llevó al cierre del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el principal del país, y a la suspensión de vuelos por parte de varias compañías.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
El Gobierno de Moise llegó a denunciar planes para asesinarlo en medio de controversias sobre el fin de su mandato que, según la oposición expiraba el 7 de febrero de 2021, pero el mandatario dada una interpretación personal de la Constitución, aseguraba que era un año después, desatando entonces multitudinarias protestas, en muchas ocasiones violentas.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».