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Desacuerdos sobre bienes a ser devueltos motiva aplazamiento de caso Calamar
Santo Domingo, R.D.-La divergencia entre el Ministerio Publico y querellantes sobre los bienes inmuebles y muebles que serían devueltos por seis imputados en el caso de Calamar, a los cuales se les solicitó un criterio de oportunidad, motivó el aplazamiento de la audiencia de homologación por parte de la jueza.
La nueva fecha de la vista fue prorrogada para el 25 de julio, después que incluso se les entregara a los acusados que se oponen a la negociación con el órgano acusador una resolución en la que se decidió que no tenían calidad de participar en la audiencia.
La magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, declaró inadmisible la solicitud de los acusados, encabezados por Gonzalo Castillo, cuyas defensas afirman que tienen derecho a participar en la audiencia de homologación del criterio de oportunidad para oponerse al mismo por ser «ilegal».
La prórroga se hizo «bajo el criterio de que era necesario de que se sometiera un listado más acabado de los bienes muebles e inmuebles que van hacer entregado», informó el abogado de la familia Gatón, que habría sido estafada con más de 1,200 millones por la supuesta red.
El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, uno de los seis señalados en el caso Calamar a los que el Ministerio Público le solicitó un criterio de oportunidad que está pendiente de ser homologado por la jueza.
Martín Rubiera, representante de los Mota, otro clan defraudado en la expropiación de terrenos para ser declarados de utilidad pública, dijo también que «aún no hemos llegado a un acuerdo».
Sostuvo que persiguen también que los que han acordado con el órgano acusador los reparen en daños y perjuicio.
«Se van con 7,615 millones en los bolsillos»
La abogada Laura Acosta, parte del equipo que representa al eximinsitro y candidato Gonzalo Castillo, adelantó que recurrirán la decisión de la jueza de excluirlos en la audiencia de homologación del acuerdo con los seis señalados, el que dijo se acordó por «la parte trasera»
«El señor Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña tienen una empresa que se llama Trossachs Enterprises que en la medida de coerción se dice que esa empresa se cogió, a través del reconocimiento de deudas y de expropiaciones 7,615 millones que hoy son beneficiarias con el criterio de oportunidad. Esa empresa no está imputada, no están en ningún acuerdo, no está en ninguna parte y los dos socios de esa empresa que son socios a través de otra empresa que tampoco están imputada se van con 7,615 millones en los bolsillos», dijo la togada.
El fraude se habría cometido en los pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilizada pública, en un proyecto que se creó para extorsionar bancas de loterías y en sobornos a empresarios para que financiaran la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desde el 2019.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.