Análisis Noticiosos
Desafíos del bloque opositor frente al poder omnímodo
Por Juan Bolívar Díaz
El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE).
Pocos ven posibilidades de que esa mezcla política de derecha, centro e izquierda, pueda mantenerse por mucho tiempo, sobre todo contando con las capacidades de manipulación pública y privada del partido gobernante, pero solo unidos y apelando a la sociedad podrían enfrentar el control político y social que ejerce el PLD.
La experiencia de la JCE. Al evaluar los resultados de la lucha por una JCE independiente del poder peledeísta, los opositores políticos podrían reivindicar que lograron mediatizar los impulsos primarios que pretendían reproducir el dominio absoluto del PLD sobre el organismo, desplazar a Roberto Rosario de su presidencia, y forzar la escogencia de una mayoría de titulares independientes, incluyendo al doctor Julio César Castaños como presidente.
Es indudable que el PLD impuso su mayoría aplastante para escoger los suplentes, pero tuvo que transar en los titulares, lo que no hubiera ocurrido sin la presión desatada por el bloque opositor. Fue importante también la participación de las organizaciones sociales que constituyen la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. Pero esta no hubiese podido desatar muchas fuerzas sin que hubiese partidos políticos en posición más radical. En otras palabras: la sociedad civil no puede hacer el papel de los partidos.
El aparato mediático peledeísta se ha empeñado en presentar a la oposición como vencida y desacertada, porque ha quedado ahora sin un Eddy Olivares entre los titulares, como si los valiosos aportes de este bajo el dominio de Roberto Rosario hubiesen podido impedir la manipulación política del órgano electoral. La oposición fue coherente en rechazar un reparto que la experiencia ha demostrado dañino, y dejó mal parados a los que pregonaban que por debajo los líderes de su mayor partido buscaban ventajas, alegato que pretendía dispersar el bloque opositor o dificultar su desempeño.
Cámara de Cuentas y TSE. En marcha el proceso para elegir los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas (CC), por parte de los órganos legislativos, pareciera que el bloque opositor ha perdido vigor, como si hubiese salido derrotado en la JCE, como han pregonado los voceros y bocinas gubernamentales. Bastante lograron para su limitada representación política y dificultades para movilizar a una población anestesiada.
Claro que la CC no despierta el mismo interés partidista que la JCE, pero debería preocuparle desde la perspectiva institucional y de cara a la sociedad civil, que valora mucho el papel del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, afectadas por alto nivel de dispendio, malversación y corrupción que ha colocado el país en los últimos escalones en las evaluaciones del Fondo Económico Mundial y de Transparencia Internacional.
La Cámara de Diputados inició esta semana la evaluación de los 259 inscritos como aspirantes a integrar la CC, al igual que el Senado con la JCE, sin especificar una metodología que permita abrigar expectativas de que la capacidad e integridad predominarán sobre el interés político de mantener subordinado o mediatizado ese importante organismo del Estado. Aunque esta vez, al menos, las entrevistas son públicas.
Si los partidos opositores no mantienen la presión también para la elección de la CC habrán perdido el impulso cuando se convoque próximamente al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del importante Tribunal Superior Electoral, contribuyendo al reflujo de la sociedad civil, que a menudo desconfía de la capacidad del sistema político para auto regenerarse.
La diversidad del bloque. Son muchos los sorprendidos por la concertación opositora tras el resultado electoral de mayo, a la que concurrieron divididos como mansos corderos con siete candidaturas para enfrentar a un partido que utilizaba su fuerza acumulada más todas las ventajas del Estado. Se creía que la unidad sería muy efímera y no llegaría al inicio del nuevo período gubernamental en agosto.
Hace poco sumaron al Partido Revolucionario Social Demócrata, el único opositor que aparecía separado. Para muchos observadores, la diversidad de posiciones políticas determina un corto periodo de vigencia de la coalición. En la derecha podrían situarse los partidos Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Socialista Cristiano de Soraya Aquino. En el centro estaría la mayor fuerza, el Partido Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Humanista Dominicano y el Revolucionario Social Demócrata. El ala izquierda la conformarían el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia.
Esa diversidad implica dificultades para determinar tácticas y hasta para formular sus pronunciamientos. Hace poco pasaron el día y llegaron a la medianoche concertando un comunicado en la recta final de la elección de la JCE. De ahí podría haberse derivado su principal error táctico al no reintegrarse oportunamente a la mesa de diálogo de monseñor Agripino Núñez. El empeño en evitar desgajamientos determina un paso de elefantes frente a una mezcla de tigres y leones que defienden cada pulgada de poder. La circunstancia de que el bloque opositor no tenga un claro líder que lo unifique, y que tampoco lo presente su mayor integrante, el PRM, es un factor limitante en una adolescente cultura democrática.
El PLD: divide y vencerás. Un objetivo de mediano plazo para el PLD es la desarticulación del bloque opositor, intrigando para dividirlo, tarea en que la que ya hay comentaristas empeñados, o mediante repartos estatales que tanto han contribuido a la concentración del poder.
Sea que se configure el continuismo reeleccionista que ya hasta el dirigente del PLD y excolaborador cercano de Danilo Medina, Fernando Fernández denunciara esta semana, o que los vientos de Leonel Fernández vuelvan a soplar, dado que no emerge hasta ahora una tercera opción interna, para el PLD será fundamental desarticular el frente opositor. Más importante si buscan abrir paso a otra reforma constitucional para posibilitar la continuidad del presidente Medina, más difícil de justificar, tras la reforma del 2015 que devolvió el “dos períodos consecutivos y nunca más” y consignó un dispositivo transitorio que la prohíbe expresamente. Leonel de candidato podría atraer a partidos que se entendieron mejor con él que con Danilo, y fueron aliados, la FNP, el PRSC y el PQD.
El funcionamiento colegiado del bloque opositor, con voceros rotativos ha dificultado las tácticas para dividirlos, separando al PRM del resto, mientras se incentiva la lucha interna en este. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, llegó hasta declarar la preferencia del expresidente Hipólito Mejía como interlocutor, a quien hasta sus peores críticos lo presentan como relevo de Luis Abinader para la candidatura del 2020.
El estímulo de la confrontación por el liderazgo del PRM, sería un objetivo táctico fundamental del peledeísmo para reducir la incidencia del mayor partido del bloque opositor. Confían en que tarde o temprano los perremeístas reproducirán las feroces luchas internas que debilitaron “el buey blanco” del PRD, de donde provienen. No lo lograron antes ni después de la convención del PRM que eligió candidato presidencial a Abinader, superando ampliamente a Mejía, porque ambos fueron conscientes de que se necesitaban mutuamente la supervivencia política.
Una precipitada lucha por el liderazgo del PRM, le impediría consolidarse, reforzando su organización y democracia interna, y acreditarse como alternativa al dominio del PLD, y en lo inmediato incidiría en la dispersión del bloque opositor.
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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