Análisis Noticiosos
Desafíos del bloque opositor frente al poder omnímodo
Por Juan Bolívar Díaz
El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE).
Pocos ven posibilidades de que esa mezcla política de derecha, centro e izquierda, pueda mantenerse por mucho tiempo, sobre todo contando con las capacidades de manipulación pública y privada del partido gobernante, pero solo unidos y apelando a la sociedad podrían enfrentar el control político y social que ejerce el PLD.
La experiencia de la JCE. Al evaluar los resultados de la lucha por una JCE independiente del poder peledeísta, los opositores políticos podrían reivindicar que lograron mediatizar los impulsos primarios que pretendían reproducir el dominio absoluto del PLD sobre el organismo, desplazar a Roberto Rosario de su presidencia, y forzar la escogencia de una mayoría de titulares independientes, incluyendo al doctor Julio César Castaños como presidente.
Es indudable que el PLD impuso su mayoría aplastante para escoger los suplentes, pero tuvo que transar en los titulares, lo que no hubiera ocurrido sin la presión desatada por el bloque opositor. Fue importante también la participación de las organizaciones sociales que constituyen la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. Pero esta no hubiese podido desatar muchas fuerzas sin que hubiese partidos políticos en posición más radical. En otras palabras: la sociedad civil no puede hacer el papel de los partidos.
El aparato mediático peledeísta se ha empeñado en presentar a la oposición como vencida y desacertada, porque ha quedado ahora sin un Eddy Olivares entre los titulares, como si los valiosos aportes de este bajo el dominio de Roberto Rosario hubiesen podido impedir la manipulación política del órgano electoral. La oposición fue coherente en rechazar un reparto que la experiencia ha demostrado dañino, y dejó mal parados a los que pregonaban que por debajo los líderes de su mayor partido buscaban ventajas, alegato que pretendía dispersar el bloque opositor o dificultar su desempeño.
Cámara de Cuentas y TSE. En marcha el proceso para elegir los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas (CC), por parte de los órganos legislativos, pareciera que el bloque opositor ha perdido vigor, como si hubiese salido derrotado en la JCE, como han pregonado los voceros y bocinas gubernamentales. Bastante lograron para su limitada representación política y dificultades para movilizar a una población anestesiada.
Claro que la CC no despierta el mismo interés partidista que la JCE, pero debería preocuparle desde la perspectiva institucional y de cara a la sociedad civil, que valora mucho el papel del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, afectadas por alto nivel de dispendio, malversación y corrupción que ha colocado el país en los últimos escalones en las evaluaciones del Fondo Económico Mundial y de Transparencia Internacional.
La Cámara de Diputados inició esta semana la evaluación de los 259 inscritos como aspirantes a integrar la CC, al igual que el Senado con la JCE, sin especificar una metodología que permita abrigar expectativas de que la capacidad e integridad predominarán sobre el interés político de mantener subordinado o mediatizado ese importante organismo del Estado. Aunque esta vez, al menos, las entrevistas son públicas.
Si los partidos opositores no mantienen la presión también para la elección de la CC habrán perdido el impulso cuando se convoque próximamente al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del importante Tribunal Superior Electoral, contribuyendo al reflujo de la sociedad civil, que a menudo desconfía de la capacidad del sistema político para auto regenerarse.
La diversidad del bloque. Son muchos los sorprendidos por la concertación opositora tras el resultado electoral de mayo, a la que concurrieron divididos como mansos corderos con siete candidaturas para enfrentar a un partido que utilizaba su fuerza acumulada más todas las ventajas del Estado. Se creía que la unidad sería muy efímera y no llegaría al inicio del nuevo período gubernamental en agosto.
Hace poco sumaron al Partido Revolucionario Social Demócrata, el único opositor que aparecía separado. Para muchos observadores, la diversidad de posiciones políticas determina un corto periodo de vigencia de la coalición. En la derecha podrían situarse los partidos Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Socialista Cristiano de Soraya Aquino. En el centro estaría la mayor fuerza, el Partido Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Humanista Dominicano y el Revolucionario Social Demócrata. El ala izquierda la conformarían el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia.
Esa diversidad implica dificultades para determinar tácticas y hasta para formular sus pronunciamientos. Hace poco pasaron el día y llegaron a la medianoche concertando un comunicado en la recta final de la elección de la JCE. De ahí podría haberse derivado su principal error táctico al no reintegrarse oportunamente a la mesa de diálogo de monseñor Agripino Núñez. El empeño en evitar desgajamientos determina un paso de elefantes frente a una mezcla de tigres y leones que defienden cada pulgada de poder. La circunstancia de que el bloque opositor no tenga un claro líder que lo unifique, y que tampoco lo presente su mayor integrante, el PRM, es un factor limitante en una adolescente cultura democrática.
El PLD: divide y vencerás. Un objetivo de mediano plazo para el PLD es la desarticulación del bloque opositor, intrigando para dividirlo, tarea en que la que ya hay comentaristas empeñados, o mediante repartos estatales que tanto han contribuido a la concentración del poder.
Sea que se configure el continuismo reeleccionista que ya hasta el dirigente del PLD y excolaborador cercano de Danilo Medina, Fernando Fernández denunciara esta semana, o que los vientos de Leonel Fernández vuelvan a soplar, dado que no emerge hasta ahora una tercera opción interna, para el PLD será fundamental desarticular el frente opositor. Más importante si buscan abrir paso a otra reforma constitucional para posibilitar la continuidad del presidente Medina, más difícil de justificar, tras la reforma del 2015 que devolvió el “dos períodos consecutivos y nunca más” y consignó un dispositivo transitorio que la prohíbe expresamente. Leonel de candidato podría atraer a partidos que se entendieron mejor con él que con Danilo, y fueron aliados, la FNP, el PRSC y el PQD.
El funcionamiento colegiado del bloque opositor, con voceros rotativos ha dificultado las tácticas para dividirlos, separando al PRM del resto, mientras se incentiva la lucha interna en este. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, llegó hasta declarar la preferencia del expresidente Hipólito Mejía como interlocutor, a quien hasta sus peores críticos lo presentan como relevo de Luis Abinader para la candidatura del 2020.
El estímulo de la confrontación por el liderazgo del PRM, sería un objetivo táctico fundamental del peledeísmo para reducir la incidencia del mayor partido del bloque opositor. Confían en que tarde o temprano los perremeístas reproducirán las feroces luchas internas que debilitaron “el buey blanco” del PRD, de donde provienen. No lo lograron antes ni después de la convención del PRM que eligió candidato presidencial a Abinader, superando ampliamente a Mejía, porque ambos fueron conscientes de que se necesitaban mutuamente la supervivencia política.
Una precipitada lucha por el liderazgo del PRM, le impediría consolidarse, reforzando su organización y democracia interna, y acreditarse como alternativa al dominio del PLD, y en lo inmediato incidiría en la dispersión del bloque opositor.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.