Análisis Noticiosos
Desafíos del Movimiento Verde tras su indiscutible impacto
La marcha del domingo 26 en Santiago contra la corrupción y la impunidad superó todos los vaticinios y ya no dejó la menor duda de la fortaleza de la mayor movilización social de la historia del país al margen de los partidos políticos y los sindicatos, sin quemar una goma ni tirar una sola piedra y con incorporación masiva de las clases medias.
El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.
Santiago es Santiago
Volvió a cobrar vigencia el acertijo de que “Santiago es Santiago”.
Prometieron que superarían el tremendo éxito de la manifestación del 22 de enero cuando decenas de miles de capitalinos marcharon despertando sectores sociales adormecidos, y lo lograron. Entre observadores sociales hay consenso en que la marcha del 26 en “la ciudad corazón” alcanzó las dimensiones de la capitalina y la superó por lo menos en entusiasmo y creatividad, incluyendo una comparsa carnavalesca con máscaras que proclamaban el fin de la impunidad.
Tras esta manifestación las centenares de bocinas gubernamentales en los medios de comunicación y las redes sociales, tuvieron que admitir que están frente a un fenómeno social y fueron reprogramadas, enfilando ahora sus cañones a la difusión de intrigas que procuran incentivar competencias y división en el múltiple liderazgo del movimiento.
Ya el 5 de marzo en Puerto Plata tuvo lugar otra marcha multitudinaria y constituyó un éxito el libro verde que en febrero logró reunir 312 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas demandando el fin de la impunidad para contener la expandida corrupción gubernamental y política. Entre el 13 y el 19 de marzo, una llama verde recorrió el país expandiendo y generalizando el sentimiento de indignación que se agiganta en la medida en que pasan meses sin la menor coerción judicial por el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que alcanzó aquí el mayor nivel en términos proporcionales. El verde fue enarbolado hasta en los estadios de beisbol del país y Miami.
Una gran diversidad
La principal característica del movimiento verde es su heterogeneidad y el papel protagónico de las clases medias, a través de grupos emergentes que no conocían el fragor de las protestas callejeras. Pero su dirección no es tan improvisada, pues incluye entidades sociales con experiencia en las movilizaciones que lograron la inversión del 4 por ciento en educación, que levantaron campamentos para defender de una cementera el parque nacional de Los Haitíses y de una explotación minera la loma Miranda. Más recientemente esos movimientos sociales lograron la recuperación de la Bahía de las Aguilas y del barrio Los Tres Brazos y paliar la desnacionalización de los domínico-haitianos con la ley 169-14.
El Foro Ciudadano, que agrupa a más de cien entidades sociales y comunitarias, el Centro Bonó, el movimiento Participación Ciudadana, Copadeba, Acopro, Poder Cudadano y el Centro Juan XXIII ya habían sido protagonistas en las coaliciones por la Educación Digna y Justicia Fiscal. Están también agrupaciones sociales, barriales y campesinas vinculadas a las viejas luchas populares, como el Frente Amplio de Lucha Popular, Feflas, Articulación Nacional Campesina y Conamuca. Y resaltan nuevos agrupamientos, en especial cibaeños, como la Fundación Masada, Santiago Somos Todos y Somos Pueblo.
El movimiento ha tenido decenas de voceros en sus actividades y presentaciones mediáticas, muchos de ellos jóvenes debutantes en las luchas sociales, pero ha contado con la experiencia de incansables activistas como María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Mario Bergés, Mario Serrano, Fernando Peña, Domingo de la Cruz, fortalecidos con profesionales como de José Luis Taveras, Lucienne Carlo, Giovanny D´Alesandro, Ricardo Ripol, Mario Fernández y otros. Han contado con un amplio apoyo en los medios de comunicación, expertos en publicidad y en el manejo de las redes sociales y de periodistas de la categoría de Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Jhonatan Liriano, Natalia Mármol y Franiel Genao.
La calle del Sol fue invadida por miles de personas
Sin partidos ni sindicatos
En la memoria colectiva hay coincidencia en que las manifestaciones del Movimiento Verde son las mayores protagonizadas en el país sin el concurso directo de grandes partidos ni del movimiento sindical cada vez más distante de las luchas populares. Aunque el mayor partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, las ha respaldado desde el principio, sus dirigentes no han tenido incidencia. Lo mismo los de Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y otros partidos. Han respetado el carácter apartidista del movimiento, aunque a título particular profesionales y cuadros vinculados a ellos han tenido participación en tareas organizativas.
Otra característica relevante del movimiento contra la corrupción y la impunidad es que no ha levantado reivindicaciones sectoriales, como tampoco ha quemado una goma ni se ha ejercido presión para lograr participación o paralizaciones de actividades, a diferencia de las grandes jornadas de lucha popular y paros generales de las décadas de los ochenta y noventa. Su carácter absolutamente pacífico ha facilitado la incorporación de las clases medias en proporciones sin precedentes.
Al principio las bocinas gubernamentales pretendieron estigmatizar el movimiento atribuyéndolo al PRM, lo que abandonaron cuando la encuesta Gallup mostró que el 91 por ciento de la población lo respaldaba. Luego han querido afiliarlo a los intereses de los generadores eléctricos, pero cada vez es más evidente que tiene un carácter masivo, con costo mínimo, porque no reparte ni regala nada, como tampoco promete. Los paraguas, camisetas y gorras verdes se venden y la mayor parte cubre su transporte.
Los próximos pasos
Con el mes de abril comienza un segundo trimestre clave para el movimiento contra la corrupción y la impunidad, para alcanzar junio-julio cuando se espera que la justicia brasileña haga públicas todas las implicaciones del escándalo Odebrecht que, según se adelanta, sacudirán el sistema político de los países implicados.
Después de las manifestaciones masivas, los activistas del movimiento discuten este fin de semana los próximos pasos para mantener encendida la llama que ha conmovido la nación. Tienen pendiente terminar de recoger los libros verdes esparcidos por todo el país y en el exterior y presentar un balance que, según habría duplicado las 312 mil firmas de febrero. También se contempla la posibilidad de algunas marchas regionales en el sur, este y nordeste y enfatizar la necesidad de profundas reformas políticas, electorales e institucionales fundamentales para combatir la corrupción y la impunidad.
No han faltado propuestas de una paralización nacional, pero predomina la convicción de que ese es un recurso extremo, descartado en la actual etapa de espera del desenlace judicial y que podría implicar recogimiento de los importantes segmentos de las clases medias, fundamentales en la lucha contra la impunidad, por su mayor independencia económica y su influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la opinión pública. En todo caso buscan mantener el consenso, aunque implica mucho tiempo.
Afianzar la compactación
En el liderazgo del Movimiento Verde hay conciencia de las dificultades de afianzar la compactación de tan gran diversidad y pluralidad de grupos, segmentos y personalidades tan independientes y saben que ese es su principal desafío. También están alertas de los esfuerzos que podrían provenir de los poderes políticos y voceros beneficiarios de la corrupción y la impunidad, que buscarían sembrar cizañas en el liderazgo social.
Pero hay quienes advierten contra las tendencias a sobreestimar los éxitos, a atribuirse protagonismos y liderazgos, a manipular políticamente el movimiento o a asumir un discurso antipartidos que desconozca el rol de estos en la democracia y le vuelque en contra todo el sistema político. Han insistido en que se trata de un movimiento esencialmente cívico, de ciudadanía, por lo que rechazan las banderas partidistas en sus actos, pero no excluyen la participación de dirigentes y militantes políticos coincidentes en la necesidad de contener la corrupción y la impunidad.
Al liderazgo social le convendría una reflexión profunda sobre la suerte que han corrido las grandes movilizaciones nacionales del pasado y las internacionales de los últimos años, como los indignados de España, Grecia, Nueva York o de la primavera Arabe, que se han diluido por no haber hecho alianzas tácticas con los sectores políticos más sanos sin alcanzar los objetivos fundamentales. Más temprano que tarde las decisiones son siempre políticas, en el Congreso, la justicia y sobre todo en el gobierno central.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.