La Procuraduría, que ha interrogado a varias personas por este caso, entre ellos a funcionarios judiciales y médicos que aseguran haber examinado al recluso, solicitó su captura local e internacional, y los organismos de seguridad e inteligencia de la República Dominicana se han desplegado en busca del narcotraficante

Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La desaparición de un narcotraficante dominicano que guardaba prisión domiciliaria por el asesinato de un español está envuelta en un manto de misterio, que vuelve a desnudar las fallas del sistema judicial del país.

Se trata de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito”, condenado a 30 años de prisión por el homicidio en 2008 del español Adolfo Justo Cervantes Arellano ocurrido en la provincia de San Cristóbal, por asuntos relacionados con el narcotráfico.

Tras días de conjeturas sobre el paradero del hombre, cuya esposa asegura que falleció en su residencia en julio a causa de un cáncer en la lengua, lo que es negado por el padre de este, la Procuraduría General afirmó que ha recabado “suficientes evidencias” para establecer que Castillo Paniagua no ha fallecido.

La Procuraduría, que ha interrogado a varias personas por este caso, entre ellos a funcionarios judiciales y médicos que aseguran haber examinado al recluso, solicitó su captura local e internacional, y los organismos de seguridad e inteligencia de la República Dominicana se han desplegado en busca del narcotraficante.

De acuerdo con un estudio publicado este año por el gubernamental Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, el 42,2 % de los dominicanos no confía en el Poder Judicial.

Mientras la esposa de Castillo Paniagua se niega a revelar dónde sepultó a su difunto marido, distintos sectores reclaman esclarecer este hecho que, según dijo a Efe el presidente del Colegio de Abogados del país, Miguel Surún Hernández, “entraña una maraña de complicidad” en la que “hay mucha tela que cortar”.

Este caso, agregó el abogado, “representa un gran reto para el sistema de Justicia nacional, por todo lo que entraña, por el hecho de que actores de la Justicia se asociaron para lograr la fuga de uno de los reclusos más importante del país”.

El convicto logró en septiembre de 2016 ser trasladado desde la cárcel de San Cristóbal a la de San Francisco de Macorís, debido a que, presuntamente padecía problemas cardíacos y, según el ahora suspendido juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, en esta segunda ciudad residían sus padres y su esposa, lo que resultó ser falso, según las investigaciones.

Unos meses después y tras un supuesto “deterioro” en su salud, alias “Quirinito”, de 35 años, fue trasladado a una clínica de Santiago (norte) donde fue diagnosticado con cáncer en la lengua, y un médico aseguró que la enfermedad estaba en estado avanzado, por lo que recomendó que fuera sometido a quimioterapia.

Ante la supuesta gravedad del reo, su defensa solicitó que este fuera enviado a su residencia a cumplir la pena, lo que fue acogido por una jueza, que tras ser suspendida, afirmó que lo único que hizo fue acoger una petición del propio Ministerio Público.

Los médicos que le trataron afirman que se limitaron a atender o emitir algún diagnostico del paciente enviado desde prisión.

La Procuraduría suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el 5 de julio pasado emitió el certificado, presuntamente, ficticio, con base en el cual se expidió un día después el acta de defunción que declaró su muerte debido a un infarto, producto del cáncer que padecía.

En todo este caso, el Ministerio Público tiene “mucha responsabilidad, tiene mucho que explicar”, señaló Surún Hernández, quien criticó el hecho de que la Justicia haya suspendido a los jueces envueltos en el proceso sin antes investigarlos, lo que, a su juicio, podría “manchar” las indagatorias sobre los hechos.

Este caso ha puesto en evidencia una serie de fallas en el sistema de justicia nacional, denunciadas desde hace años por distintos sectores, que observan cómo algunos inculpados han logrado burlar la prisión, por lo que reclaman un sistema más eficiente e independiente.

De acuerdo con un estudio publicado este año por el gubernamental Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, el 42,2 % de los dominicanos no confía en el Poder Judicial.EFE