Desarme población: otra vez tema de discusión

Por Elba Rosa

Resulta equivocado que las autoridades pretendan disminuir los niveles de violencia en el país con el diseño de un plan que persigue el desarme de la población civil, lo cual significa buscar  la fiebre en la sabana y no en el enfermo.

La violencia es un fenómeno que no sólo está explicado con que la gente cuente con el instrumento para generar el flagelo por   razones profundamente sociales y económicas, porque las armas de fuego no sólo son usadas para la comisión de crímenes por razones pasionales o personales, sino además para perpetuar atracos y  ajustes de cuentas.

La cultura de paz que persiguen lograr las autoridades de la Procuraduría General de la República es prácticamente imposible lograrla con un simple desarme, si la misma no va acompañada de un plan de carácter social que persiga generar empleos y sacar de la exclusión a los jóvenes residentes en los barrios marginados de las diferentes ciudades del país.

El plan cuenta con el financiamiento de la Agencia Brasileña de Cooperación a un costo de más de 58 mil dólares, alrededor de dos millones y medio de pesos dominicanos con carácter no reembolsable y diligenciado por el viceministro de gestión internacional, Inocencia García.

El mismo persigue hacer más eficiente el sistema de registro, control y otorgamiento de permisos para el porte y tenencia de armas de fuego, una de las metas del Gobierno en el plan plurianual del sector público.

Diferentes sectores de la vida nacional estiman que frente a los graves problemas económicos que confronta la juventud y el pueblo en general la vía más fácil es atracar o matar para apropiarse de lo ajeno, lo cual sólo puede ser enfrentado con una eficiente política de inversión social.

 En los últimos meses la República Dominicana se ha vuelto mucho más violenta, sobre todo por el aumento de la delincuencia callejera y el sicariato, lo que obliga a muchas personas a resguardar su seguridad y para tal propósito recurren a dotarse de una arma de fuego, la cual es generalmente otorgado sin que se produzca una evaluación que obligue al solicitante a cumplir con todos los requisitos para su porte.

Las estadísticas establecen que en el país hay alrededor de 209 mil armas de fuego legales y algunos creen que hay más de 700 mil ilegales, las cuales son usadas para diferentes actos de violencia.