Por Elba García
Es definitivamente inexplicable que prácticamente todos los casos de corrupción administrativa terminen con el descargo de los imputados, cuyas sentencias sumergen más profundamente en el descrédito al sistema de justicia de la República Dominicana.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acaba de descargar al ex-director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Alberto Holguín y la ingeniera Sobeida Perdomo Ogando, quienes estaban acusados de prevaricación, soborno y estafa en contra del Estado.
En este caso se ha repetido la misma historia de siempre, la falta de sustentación de la acusación de las pruebas que demuestren la comisión de los hechos imputados, lo cual cada día disminuye el poquito de credibilidad que tiene el Ministerio Público, órgano encargado de la persecución del delito para resarcir a las víctimas y a la sociedad.
Otro caso que está ante la amenaza de la ineptitud del Ministerio Público es el que tiene que ver con los hechos imputados a los involucrados en el escándalo Odebrecht, el cual también ya ha sido advertido de que carece de las pruebas que ameriten una condena para los encartados.
Pero en el pasado reciente también el pueblo dominicano fue testigo de la acusación en contra de Félix Bautista, considerado el símbolo de la corrupción en la República Dominicana, quien fue favorecido por la Suprema Corte de Justicia de un no ha lugar, pese a que posee una fortuna que no hay forma de justificar.
Todos estos casos envuelven miles de millones de pesos presuntamente sustraídos del Estado dominicano, pero no ha podido probarse, según los jueces, nisiquiera el enriquecimiento ilícito, una figura jurídica del derecho penal que sería demostrable con mucha facilidad porque sólo habría que determinar que tenía esa persona hace tantos años atrás para proceder a establecer de dónde pudo haber salido la riqueza que exhibe.
En la realidad, en la República Dominicana es prácticamente imposible condenar a estos corruptos, porque cualquiera con dinero puede manipular o incidental los procesos para alargar los mismos y al final lograr su libertad sin ninguna sanción, sobre todo si hay algún nivel de complicidad con los jueces del tribunal que conoce el caso.
El problema es que en el país hay intereses muy poderosos, que aunque no tengan nada que ver con algunos de los casos conocidos en la justicia, no tienen interés de que los mismos terminen en una condena, porque sería amolar cuchillos para su propia garganta.
Y esta situación se convierte en un obstáculo muy poderoso, amén de que la justicia está seriamente corrompida y contaminado por la impunidad, por razones que tienen que ver con sobornos y al propio tiempo con una cultura que se crea a partir del propio sistema de partidos, el cual juega un papel de primer orden en la designación de los jueces del país.
Por esta razón, los presuntos responsables de corrupción en el caso Odebrecht han dicho desde el principio que son inocentes, porque saben que resulta muy difícil su condena, dado que en el escándalo también está involucrado hasta el jefe del Estado, quien en función de un problema de jerarquía nunca será investigado al respecto.
Es decir, que el presidente de la República Dominicana, no importa como se llame, tiene garantizada, de acuerdo al organigrama de la justicia, la impunidad, la cual se ha convertido en la principal enemiga de la sociedad y en consecuencia de la mal llamada democracia representativa.