Análisis Noticiosos
Desconcierto institucional origina incertidumbres
Por Juan Bolívar Díaz
República Dominicana.-La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de contrarreformas jurídicas.
Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.
Un verdadero escándalo
La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.
Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.
Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.
Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.
Los hombres de Leonel
Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.
Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.
Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.
En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.
Cuentas del desconcierto
El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.
La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.
El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.
Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.
En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.
Lucha por la sucesión
Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.
A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.
Leonel Fernández, presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.
La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.
Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.
El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-
(*) Escrito para el diario Hoy. Acento.com.do lo publica con la autorización del autor.
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
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Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
ELPAIS.COM
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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