Análisis Noticiosos
Desconcierto institucional origina incertidumbres
Por Juan Bolívar Díaz
República Dominicana.-La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de contrarreformas jurídicas.
Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.
Un verdadero escándalo
La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.
Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.
Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.
Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.
Los hombres de Leonel
Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.
Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.
Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.
En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.
Cuentas del desconcierto
El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.
La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.
El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.
Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.
En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.
Lucha por la sucesión
Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.
A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.
Leonel Fernández, presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.
La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.
Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.
El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-
(*) Escrito para el diario Hoy. Acento.com.do lo publica con la autorización del autor.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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