Análisis Noticiosos
Desconcierto institucional origina incertidumbres
Por Juan Bolívar Díaz
República Dominicana.-La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de contrarreformas jurídicas.
Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.
Un verdadero escándalo
La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.
Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.
Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.
Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.
Los hombres de Leonel
Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.
Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.
Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.
En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.
Cuentas del desconcierto
El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.
La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.
El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.
Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.
En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.
Lucha por la sucesión
Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.
A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.
Leonel Fernández, presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.
La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.
Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.
El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-
(*) Escrito para el diario Hoy. Acento.com.do lo publica con la autorización del autor.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.