Primera Plana
Desliz de Amarante Baret presentó al gobierno con imagen autoritaria
SANTO DOMINGO. El desliz del ministro de Interior y Policía cuando acusó al Movimiento Marcha Verde de conspirar contra el gobierno legalmente establecido y admitir que se espía a sus dirigentes sin la autorización de un juez, terminó generando un efecto contrario al deseado.
Carlos Amarante Baret no separó su posición personal con la del gobierno y el efecto que se pretendía: restar méritos al Movimiento Marcha Verde, quedaron sepultados.
El lunes pasado el funcionario sorprendió al país cuando en unas declaraciones escritas dijo que la lucha contra la impunidad y la corrupción se aprovecha para desestabilizar al gobierno.
“Estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores que, en ejercicio de loca aventura colectiva, han previsto llegar hasta abortar el proceso democrático”, dijo en una comunicación escrita enviada a los medios de comunicación.
Pero donde el ministro coronó su desliz fue durante una intervención en un programa televisivo al admitir que el gobierno hace labores de caliesaje entre los miembros del Movimiento Marcha Verde, es decir espía sus teléfonos y sus redes sociales sin la autorización de un juez, como establece la ley.
Las declaraciones de conspiración de Amarante Baret encontraron poco eco en el gobierno, que prácticamente se ha quedó callado para evitar que se le asocie a cualquier conducta autoritaria.
Lo que se interpreta en los mentideros políticos de las declaraciones del ministro de Interior y Policía es que en lugar de defender al gobierno hizo todo lo contrario.
Las declaraciones del funcionario forman parte de una serie de acusaciones de todos los colores que han lanzado al Movimiento Marcha Verde, pero este sigue desarrollando sus actividades cada vez con más apoyo.
En ese sentido, yerran al querer presentarlo como un movimiento violento e incluso han insinuado que es financiado por el narcotráfico y empresarios desafectos al oficialismo.
El lunes pasado el funcionario sorprendió al país cuando en unas declaraciones escritas dijo que la lucha contra la impunidad y la corrupción se aprovecha para desestabilizar al gobierno.
Pero esas acusaciones están desenfocadas, ya que en ninguna de las manifestaciones organizadas por el Movimiento Marcha Verde se han reportado actos de violencia, son manifestaciones caracterizadas por su civilidad.
La respuesta de la sociedad civil, que clama por el cese de la impunidad y la corrupción, no se hizo esperar y calificó las mismas como tremendistas para criminalizar las protestas sociales y se retroceda a regímenes autoritarios, como afirmó Carlos Pimentel.
“Lo que pasa es que estos funcionarios -dijo Cándido Mercedes de Participación Ciudadana- están viviendo en el 2017, con libreto del 1960, que todo era conspiración y que están desestabilizando, cada vez que había un movimiento la gente de Balaguer decía que era una conspiración”.
Explicó que los conspiradores contra la estabilidad democrática son los que usan los recursos del Estado para su favor a lo que se opone el Movimiento Verde. “Eso es lo que hace el Movimiento Verde, velar por el funcionamiento de la democracia y patrimonio público”.
Un recuerdo
También la respuesta de muchos simpatizantes del Movimiento Marcha Verde fue recordar al ministro, a través de las redes sociales, que durante su gestión en la dirección de Migración, la Cámara de Cuentas certificó malversación de los recursos públicos por valor de 400 millones de pesos.
Asimismo. recuerdan que durante su gestión al frente del Ministerio de Educación se registraron irregularidades en la compra de un solar para la edificar una escuela, por lo cual fue llamado por la justicia a testificar.
Amarante Baret tras sus declaraciones contra el Movimiento Verde y por la respuesta dada por amplios sectores de la sociedad. Quedó a la defensiva pues sus acusaciones de golpista fueron rechazadas por amplios sectores de la sociedad.
También los simpatizantes del Movimiento Marcha Verde recordaron a Baret la venta fraudulenta de un solar en el sector Los Peralejos del Distrito Nacional, operación en que fue afectado el Ministerio de Educación con 47 millones de pesos. Hecho del cual se acusado a la señora Reyna Margarita Núñez.
El repudio recibido por el ministro de Interior y Policía fue tan mayúsculo que once partidos de la oposición solicitaron su destitución. “Es aparte de una vulgar mentira, una manera que pretende impedir que los ciudadanos continúen ejerciendo sus derechos constitucionales a manifestar de manera pública y pacífica su repudio a las lacras de la corrupción y la impunidad administrativa”, explican.
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