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Detalles de lo autorizado por la ONU para la misión multinacional de seguridad en Haití
Solo este año, se reportaron 3,000 homicidios; 1,500 víctimas de secuestros y unas 200,000 personas huyeron hogares por la violencia.
Naciones Unidas.-Consejo de Seguridad autoriza el despliegue de una La misión deberá proveer durante los próximos 12 meses apoyo operacional a la Policía Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad ante una oleada de violencia sin precedentes, caracterizada por los secuestros, la violencia sexual, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas. Kenia liderará la misión en estricta colaboración con el Gobierno nacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este lunes con 13 a favor el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití. Se trata de una misión ajena a las Naciones Unidas aprobada a través de la disposición Capítulo VII de la Carta de la Organización, mediante la cual el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Tras la aprobación, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití instó a los Estados miembros “a contribuir a dicha misión para restablecer las instituciones democráticas” en el país.
La votación tiene lugar tras el llamamiento del primer ministro haitiano al Consejo a instaurar la misión durante su discurso el pasado 22 de septiembre en Asamblea General, para hacer frente a la crisis “estructural y multidimensional” que enfrenta el país.
Ante la limitada capacidad de respuesta del Ejército y de la Policía Nacional, Ariel Henry, hizo hincapié en la violencia de las pandillas, señalando que “pone en peligro no solo al país, sino a toda la región”.
En este sentido, declaró: “en nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las miles de familias expulsadas de sus hogares, de los niños y jóvenes de Haití, a quienes se les ha negado el derecho a la educación y a la instrucción, en nombre de todo un pueblo que es víctima de la barbarie de las pandillas, insto a la comunidad internacional a actuar rápidamente”.
La resolución contó con el voto favorable de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y la abstención de China y Rusia.
China se abstuvo asegurando que en el pasado se ha explotado el Capítulo VII para interferir en otros países y espera que la misión se despliegue en estrecha colaboración con el Gobierno haitiano, así como que se envíen informes periódicos al Consejo. Rusia también se abstuvo, argumentando que pidió información específica sobre las características del despliegue y sus inquietudes no fueron respondidas.
Presentada por Ecuador y Estados Unidos, la resolución S/2023/709 autoriza el despliegue de la misión durante 12 meses bajo el liderazgo de otro país y en colaboración cercana con el Gobierno nacional.
En este sentido, Kenia expresó a finales de julio su disposición para liderar el esfuerzo multinacional, y funcionarios del país africano visitaron Haití y mantuvieron conversaciones con líderes nacionales y regionales sobre el alcance de la operación.
Asimismo, la misión facilitará la entrega de ayuda humanitaria, la cual se dificulta en muchas zonas por el control de las pandillas.
El documento establece que este mecanismo será financiado por contribuciones de las organizaciones regionales y Estados miembros, a quienes se insta también a contribuir con personal, equipos y otros recursos logísticos y financieros, así como prevenir contrabando de armas al país para evitar que llegue a las bandas.
Una crisis sin precedentes
Solo este año, entre el 1 de enero y el 9 de septiembre, se reportaron 3000 homicidios. También hubo más de 1500 víctimas de secuestros para pedir rescate.
Debido a la violencia de las bandas, unas 200.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, según datos de las Naciones Unidas. La Organización estima, además, que la mitad de ellas son niños.
Mientras tanto, la misión política de las Naciones Unidas en Haití, conocida como BINUH, continúa apoyando los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la estabilidad y el Estado de derecho, y espera que la misión pueda facilitar la consecución de unas elecciones democráticas seguras. Las agencias de la ONU brindan ayuda humanitaria inmediata y apoyan también a las autoridades.
Ya en octubre de 2022, el Secretario General, António Guterres, había respondido a una primera solicitud del primer ministro Henry, instando a las naciones a dar un paso adelante.
Derechos humanos en Haití: Hechos destacados en esta nota de Naciones Unidas
La situación de los derechos humanos está marcada por ataques brutales, incluidos asesinatos indiscriminados y secuestros dirigidos contra la población civil.
La violencia armada y los ataques de bandas de crimen organizado y de pandillas contra la población van en aumento Las bandas han utilizado francotiradores en los tejados para disparar indiscriminadamente contra la población.
Los saqueos masivos y la quema de casas han provocado el desplazamiento de miles de personas.
Las pandillas utilizan la violencia sexual, incluidas las violaciones colectivas, para aterrorizar especialmente a mujeres y niñas.
La aparición de movimientos de vigilantes parapoliciales supone una complejidad añadida a una situación de seguridad ya de por sí muy complicada.
Las instituciones nacionales están mal equipadas para restablecer el Estado de derecho
Estabilizar la situación de seguridad en Haití requerirá un apoyo significativo a la policía nacional.
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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