Liselott Marte (c) al momento de presentar el informe.

SANTO DOMINGO. La Cámara de Cuentas determinó que entre los 155 municipios y 232 distritos municipales se registran «serias y preocupantes» debilidades en la ejecución presupuestaria, instituciones que recibieron más fondos en 2012 que la Justicia, la Seguridad Ciudadana y el programa Comer es Primero.

A diciembre de 2012, las 387 entidades municipales administraron RD$19,165.26 millones, provenientes de las recaudaciones del Estado, recibiendo los ayuntamientos alrededor de RD$16,174 millones y los distritos municipales cerca de RD$2,962.9 millones.

En cuanto a los porcentajes de gastos establecidos por ley, en 85 ayuntamientos lo destinado a servicios personales sobrepasa el 25% establecido por la ley, en 81, la inversión en servicios municipales supera el 31%, mientras que en 98 se gasta menos del 40% en obras de infraestructura, y en 100 no alcanza el 4% en programas educativos, de género y salud.

Solo 53 de 155 ayuntamientos y 36 de 230 distritos municipales reportan la participación de la comunidad en el destino del 40% de los fondos para obras de capital.

El informe, realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuestiona que los gobiernos locales sirvan de fuente de empleo, registrando una emplomaría superior a la que requiere la demarcación en base a las necesidades de la población, violándose en algunos casos el monto del salario mínimo público que es de RD$5,118.

Cita el caso del Ayuntamiento de Pepillo Salcedo, Montecristi, donde se encontraron salarios promedio de RD$1,500.

En el distrito municipal La Guázara, Barahona, viven 1,892 personas y 312 son empleados municipales, un promedio de seis habitantes por empleado.

Resalta casos de desorganización como el de la Junta Municipal de Pescadería, Barahona, donde no hay registro contable y los documentos se guardan en fundas negras, sin criterio, y cobran 200 empleados.

Critica que los informes de la Contraloría no reflejan cabalmente las nóminas de los gobiernos locales.

Otro cuestionamiento es la diferencia en los registros de deuda interna reportadas a la Cámara de Cuentas y la Dirección de Crédito Público.

«De acuerdo a Crédito Público, 59 ayuntamientos amortizaron deuda y pagaron intereses por la misma durante el 2012; sin embargo, los reportes enviados a la Cámara de Cuentas por los Ayuntamientos dejan ver que 95 ayuntamientos amortizaron deuda y solo 29 pagaron intereses».

Más distritos que gente

La Cámara de Cuentas observa que los criterios para crear entidades municipales en base a la Ley 176-07 no se cumplen en su totalidad. En el caso de los distritos municipales, de 230 que habían creados a 2010, solo 47 tenían la población requerida de 10,000 habitantes. Barahona, con cerca de 187 mil habitantes, es la provincia con mayor municipios (11), mientras que La Altagracia, que tiene cerca de 273 mil habitantes, tiene dos.

Destaca que «una comparación entre la cantidad de regidores por municipio y el número de habitantes arroja que en algunos municipios la cantidad de regidores es superior a la que le correspondería según la Ley 176-07».

Objeta que para el Presupuesto de 2012 la Tesorería Nacional usara los datos del Censo de 2002, significando que las transferencias presupuestarias de algunas entidades municipales fueron diferentes a lo que debía ser en base a los cambios poblacionales.

Presidente Fedomu analizará el informe en asamblea

Luego de presentarse el informe en la sede de la Cámara de Cuentas, en su defensa, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, resaltó que el informe no establece debilidades en «la totalidad de los municipios» y reconoció que no todos los gobiernos locales tienen el personal y la tecnología adecuada para cumplir con sus compromisos.

Informó que analizará y socializará el documento con los miembros de la Fedomu para llevarlo a una asamblea con los representantes de los gobiernos locales a nivel nacional para «enterarnos de cuál es la situación». Así, además, considera que garantiza la «transparencia» en la rendición de cuentas.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, reiteró su posición de que la entidad no puede establecer responsabilidades penales sobre mal manejo de fondos, sin embargo reconoció que «el régimen de consecuencias en República Dominicana es débil».

Mientras, informó que ayer se celebró una reunión con los entes de control interno y se decidió idear un plan de trabajo para establecer mecanismos de regulación. «Es un problema político, económico y social», dijo.

Recomendaciones

El informe recomienda revisar el marco legal existente para las entidades municipales, a fin de que cumpla con criterios de desconcentración administrativa; un diagnóstico más profundo de los gobiernos locales que incluya su personal y equipos de oficina, y diseñar una estrategia para una mejor rendición de cuentas y un sistema de registro simplificado de ingresos y gastos, entre otros.

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