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Apresan cabecilla de red que estafó al Estado con más RD$18 millones.
Santiago, RD.-Medida de coerción de prisión preventiva fue solicitada por el Ministerio Público contra el presunto cabecilla de una red que estafó al Estado con 18.4 millones de pesos en perjuicio de miles de beneficiarios de los programas de subsidios sociales Comer es Primero y Quédate en casa.
El anuncio fue hecho por la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Fiscalía de Santiago.
Mediante una investigación que se extendió por varios meses, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público logró desarticular la red que, suplantando la identidad de miles de personas, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados (clonación) de las tarjetas electrónicas.
Mediante un comunicado de prensa, se explicó que se trata de una mafia que operaba desde el Colmado Moronta, propiedad del imputado José Antonio Santana Moronta, quien se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.
Los fiscales actuantes, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.
También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.
El imputado retiró de manera fraudulenta los fondos perjudicando con estos hechos a personas de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años de edad, que recibirían estos recursos para aliviar la carga económica generada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, en momento en que las autoridades tuvieron que imponer restricciones a la movilidad y a las actividades económicas.
La investigación reseña, como solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.
El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.