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Deuda de 170 cabildos a la Tesorería de la Seguridad Social es de RD$12,000 millones

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SANTO DOMINGO. La deuda acumulada de 170 cabildos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), desde 2009 hasta la fecha, que asciende a RD$12,000 millones, fuerza a un entendimiento entre las partes que debe pasar por una modificación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

El problema se agrava con el tiempo porque el porcentaje de recargo que está establecido en la ley, que es de un 5 % mensual acumulativo, es decir, un interés compuesto a final de año suma el 80 %. El principal de la deuda, o las cotizaciones sin los recargos por atraso, es de RD$430,000,000, pero solo por concepto de recargo acumulado, el monto asciende a la totalidad de RD$11,800,000,000.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá ofrece los datos recientes y reconoce la dificultad que tienen los cabildos para cumplir, pero además entiende que hay que parar la situación porque ante un caso similar se aprobó la Ley 177-09 que concedió una amnistía, pero las instituciones volvieron a endeudarse.

“Hay aproximadamente unos 20,000 empleadores públicos y privados que tienen problemas de deuda con la Tesorería porque el porcentaje de recargo que está establecido en la ley, si se acumulan meses, hace que la deuda se convierta en un monto tan grande que se hace difícil su pago, para no decir imposible”, expresa Sahdalá.

Consciente de esa realidad, entiende que el problema se puede resolver, pero solo modificando la Ley 87-01 porque los recargos, los intereses están establecidos por la legislación y la Tesorería no lo puede resolver de manera administrativa porque carece de facultades.

Para la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), en la persona de su presidente, Rafael Hidalgo y algunos de los alcaldes afectados, la deuda es impagable y plantean una amnistía general y la eliminación del recargo del 5 %, que es lo que abulta el monto y se convierte en una bola de nieve.

“Los ayuntamientos quieren pagar a la Tesorería de la Seguridad Social, sin embargo se le mantiene una factura mensual respecto al pago de un servicio que no recibe y esa es una de la realidad que ahora mismo estamos demandado. Okey, vamos a trabajar con lo que no hemos podido de alguna manera algunos ayuntamientos o distritos municipales cumplir, pero vamos a trabajar en estos dos aspectos”, dijo Hidalgo.

Pero el tesorero tiene otra fórmula de solución: “Nosotros no somos partidarios de una amnistía total, nosotros lo que creemos es que, para lograr que esas personas se pongan al día, somos partidarios de que se elimine el monto del recargo de intereses que tienen acumulados, no la deuda principal, que es de 430 millones de pesos”.

Además plantea que a partir de la deuda principal se adecue el porcentaje de recargos a una tasa que sea equivalente a la que están pagando como rendimiento las AFP, por ejemplo de un 8 o 10 % que los recargos anden por ahí con una penalización, pero nunca en un 80 % como ocurre en la actualidad.

Para la alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez, el tema amerita una solución definitiva y una corrección a problemas como el cobro de la TSS a personas que solo reciben RD$2,000 de sueldo.

“El sistema no puede ser ciego, que pone números y ustedes son felices mirando cuánto les deben, una deuda que es irreal. Creo que estamos en un buen momento, de nada vale una nueva amnistía si el problema fundamental sigue”, sostuvo.

Pero mientras se ponen de acuerdo y se trabaja en iniciativas para ser aprobada por el Congreso, cientos de trabajadores y sus familias carecen de un seguro de salud y de pensiones.

“Unos 20,000 empleadores, tanto públicos como privados, tienen problemas de deuda con la Tesorería de la Seguridad Social”

Henry Sahdalá

Tesorero de la Seguridad Social (TSS)

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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.

Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.

Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.

Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.

La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.

Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.

Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.

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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3

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Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.

Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».

«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).

Derechos de Franasyl

La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.

En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.

La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.

  • Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.

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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar

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Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.

El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.

La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.

La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.

El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.

Ejecución del peritaje

Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

La CD modificó el artículo 48 de la pieza

Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.

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