Más Noticias
Detectan graves irregularidades en licitación del INABIE para mochilas y útiles escolares
Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), reveló mediante un informe preliminar, múltiples irregularidades en el proceso de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de mochilas y kits escolares correspondientes a los períodos 2025-2026 y 2026-2027.
La investigación, identificada con el número DGCP44-2025-002328, señala siete fallas graves que comprometen la legalidad y transparencia del proceso, entre ellas indicios de colusión, conflictos de interés y errores sustanciales en la evaluación técnica de las ofertas presentadas por 103 proveedores.
Estos hallazgos respaldan las denuncias realizadas previamente en el programa«El Informe con Alicia Ortega», que puso en evidencia las irregularidades en esta contratación pública.
El informe detalla que se habilitaron ofertas que no subsanaron observaciones requeridas, lo que violó los protocolos de evaluación establecidos. Además, peritos que no fueron designados oficialmente por el Comité de Compras del INABIE participaron en evaluaciones clave, comprometiendo la imparcialidad del proceso.
Entre los hallazgos, se incluyen errores y omisiones en las verificaciones técnicas, lo que habría permitido la aprobación de empresas sin cumplir con los requisitos. Asimismo, se detectaron fallas materiales y sustanciales en las garantías de seriedad de las ofertas, documentos esenciales para asegurar el compromiso de los oferentes.
La DGCP, también señaló opacidad en el cálculo de puntajes, falta de publicidad en los actos de evaluación técnica y posibles vínculos entre evaluadores y empresas, lo que plantea un posible escenario de conflicto de interés y prácticas anticompetitivas.
Como parte del proceso, la DGCP otorgó un plazo de cinco días hábiles a los proveedores implicados y al INABIE para presentar sus descargos. De no justificarse las irregularidades, el órgano rector podría anular las adjudicaciones y ordenar un replanteamiento total del proceso.
“Una vez vencido el referido plazo, se emitirá la Resolución con los resultados definitivos de la investigación”, indica el documento, citando lo establecido en el artículo 224 del Reglamento de Aplicación de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
Este nuevo episodio vuelve a poner en el foco público al INABIE, una institución clave para el bienestar estudiantil, y refuerza el rol de la prensa en la fiscalización de los fondos públicos, como lo evidenció el reportaje de «El Informe con Alicia Ortega», que precedió esta intervención de la DGCP.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.