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Irregularidades «graves» son encontradas en proceso de semáforos
SANTO DOMINGO.- Graves irregularidades fueron encontradas por la Dirección General de Contrataciones Públicas en el procedimiento utilizado para contratar un “servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.
En un documento remitido a ALMOMENTO.NET la entidad gubernamental dice que entre las mismas figuran “indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa” y “movimientos sospechosos de accionistas”.
Señala que ha decidido depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, y se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.
Indica que tras agotar “un proceso de debida diligencia” este mismo lunes emitió dos resoluciones y un informe de cumplimiento que serán remitidos a las procuradurías General de la República y Especializada de la Persecución de la Corrupción “a fin de que se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”.
La Dirección de Contrataciones destaca que, debido a las violaciones graves al debido proceso, ha declarado la nulidad “de pleno derecho” del primer “Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas”, lo que implica la nulidad del referido contrato.
Agrega que la decisión fue adoptada tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez.
“Por tanto, ningún acto relativo a la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT puede surtir los efectos jurídicos pretendidos”, añade.
EL DOCUMENTO
El texto del documento de la DGCP es el siguiente:
«En el día de hoy informamos al país que esta Dirección General de Contrataciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias como órgano rector de las contrataciones públicas, y sus facultades legales de conocer y decidir sobre las solicitudes de investigación que se suscitan en el sistema, concluyó el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra la licitación para la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.
Sobre el particular, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.
En ese sentido, anunciamos que las dos resoluciones que se están emitiendo y notificando en el día de hoy, así como los hallazgos del informe de cumplimiento tras agotar un proceso de debida diligencia serán remitidos a la Procuraduría General de la República y de manera concreta, a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, a fin de que se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal.
Producto de los hallazgos detectados en las investigaciones realizadas, hasta este momento, conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el órgano rector estará agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas, acordes con la naturaleza de las irregularidades y hechos que se mencionan en estas resoluciones.
Es importante destacar que, en atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer “Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas”, lo que implica la nulidad del referido contrato tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez; por tanto, ningún acto relativo a la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT puede surtir los efectos jurídicos pretendidos.
Relación de los hechos
En atención a las alegaciones sobre la supuesta negativa del órgano rector de acompañar en calidad de veedor a la entidad contratante, quiero señalar que, debido al criterio de descentralización operativa del sistema de compras, establecido en el artículo 34 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, cada entidad es responsable de la gestión de sus procesos, desde la elaboración hasta la ejecución del contrato.
No obstante, me gustaría presentar una especie de cronología de los hechos que permitan ver los antecedentes y desarrollo del referido procedimiento, incluyendo nuestras actuaciones, en el marco de nuestras competencias.
El pasado 20 de febrero del 2023, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre publicó un procedimiento de Licitación Pública Nacional por un monto estimado de RD$1,200,000,000.00.
En fecha 14 de marzo del año en curso, a través de nuestro Sistema de Monitoreo Preventivo fueron enviadas a la Unidad de compras del INTRANT nuestras observaciones al procedimiento, producto de las cuales, el 28 de marzo, la entidad contratante publica una enmienda que modificaba el Pliego de Condiciones Específicas, tanto en el cronograma de actividades, como otros aspectos técnicos del procedimiento de contratación.
En fecha 11 de abril, presentaron sus ofertas los oferentes Transcore Latam, SRL y el Consorcio de Seguridad Sostenible, resultando adjudicatario el oferente Transcore Latam, SRL por el monto de RD$1,317,350,997.00. Sobre ese particular, la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes.
El 19 de junio se suscribe el contrato entre el INTRANT y TRANSCORE LATAM, SRL, y posteriormente, el 6 de julio del 2023 esta Dirección General notifica al INTRANT las denuncias presentadas por Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE LATINOAMÉRICA), quienes alegaban que la razón social Transcore Latam, S.R.L, supuestamente había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta, o adulteradas de otras fuentes públicas disponibles, con el propósito de participar como oferentes en el procedimiento.
En dicha comunicación orientamos al INTRANT sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas.
Al respecto, aun cuando en un ejercicio de buena administración y considerando el principio de coordinación y colaboración previsto en la Ley, esta Dirección General comunicó al INTRANT la denuncia presentada, pero al día de hoy, no hemos recibido ninguna contestación del INTRANT sobre el particular.
Ya para el 25 de octubre de 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas remite al INTRANT otra comunicación indicando que en vista de que no habían presentado ningún informe con relación a las denuncias que fueron comunicadas por el Órgano Rector el 6 de julio de 2023, conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, estaríamos llevando a cabo las investigaciones con todos los trámites que exige el debido proceso, a fin de verificar de oficio el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad o anulabilidad en el régimen de contrataciones públicas, así como para determinar la responsabilidad de los funcionarios, servidores públicos y del propio adjudicatario en relación a los hechos denunciados.
Posteriormente, el 30 de octubre, mediante la Resolución RIC-156-2023 el órgano rector suspendió de oficio los efectos del referido contrato, como medida provisional para decidir el recurso jerárquico y las solicitudes de investigación presentadas contra dicha licitación.
Luego de analizar el procedimiento en cuestión, pudimos identificar que se cometieron varias irregularidades, entre ellas, contradicción en el pliego de condiciones, violación al debido proceso para emisión de enmiendas, un documento suscrito solo por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones de esa institución, y no por el Comité de Compras y Contrataciones, competente para modificar el pliego de condiciones, entre otras irregularidades citadas en las resoluciones RIC 164-2023 y RIC165-2023 disponibles en la sección Marco Legal de nuestro portal institucional.
Sobre la empresa adjudicataria, en el curso de la investigación y en el desarrollo del proceso de debida diligencia, la DGCP ha podido identificar un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final. Este fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones, por lo que, como hemos dicho anteriormente, también estaremos remitiendo a la Procuraduría General de la República, el Informe de Cumplimiento elaborado, el cual documenta los hallazgos preliminares obtenidos hasta la fecha.
En ese sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas solicita al Ministerio Público iniciar una investigación sobre la razón social TRANSCORE LATAM, SRL, al identificar indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices calculados en cuanto a los estados financieros, movimientos de accionistas sospechoso, entre otras irregularidades.
Es importante precisar que la razón social Transcore Latam, SRL se encuentra inscrita en el Registro de Proveedor del Estado (RPE), desde el 17 de marzo del 2023 y que realizó una actualización en fecha 17 de julio de este mismo año. Conforme con el Registro Mercantil y las Actas de Asambleas presentados al momento de la inscripción en el RPE, se especifica como representante al señor Pedro Vinicio Padovani Báez. Asimismo, registra dos (2) accionistas, incluyendo al señor Padovani Báez, con un 90% de participación accionaria y al señor Jorg Brinkmeyer, con el 10% restante.
Asimismo, el Acta de Asamblea contempla una Declaración de Traspaso de Cuotas Sociales, indicando una cesión de 900 cuotas por parte de la Empresa Transcore LP, LLC, representada por el señor Jorg Brinkmeyer, a favor del señor Padovani Báez. Además, mediante la misma, se designa como Gerente General al señor Padovani Báez.
En el Registro Mercantil presentado como sustento de las credenciales en la Licitación Pública Nacional de referencia, no figura la cédula o pasaporte de los socios extranjeros, así como tampoco se presenta un comisario de cuentas.
El Acta de Asamblea que reposa en los documentos del proceso, evidencia una cesión de todas las cuotas sociales de la supuesta empresa Transcore LP, al señor Pedro Vinicio Padovani Báez, bajo la firma del señor Jorg Brinkmeyer, quien actúa como representante de la empresa Transcore, LP del cual no se presenta ninguna calidad para representar a la empresa mencionada.
En este proceso, fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa adjudicataria TRANSCORE LATAM, un Acta de Gerencia fechada en julio de 2023, mediante la cual se incluyó como FIADOR SOLIDARIO E INDIVISIBLE a la empresa DEKOLOR, SRL., en una facilidad crediticia tomada por TRANSCORE LATAM con una entidad financiera, por el monto de RD$120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación en cuestión. Cabe destacar que DEKOLOR no presentó ofertas en el proceso del INTRANT, ni por sí, ni a través de consorcio.
DEKOLOR, está relacionada al Sr. José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) y su empresa OML INVERSIONES, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña.
En adición a lo anterior, se verifican los registros de 3 empresas: SIC TRANSCORE DOMINICANA, TRANSCORE y TRANSCORE DOMINICANA por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), entre mayo y junio de 2022 con el nombre de José Ángel Gómez como Titular, todos con actividades comerciales y nombres afines a la contratación actual del INTRANT.
El registro de la empresa Transcore Latam, SRL en ONAPI, de fecha 9 de junio del 2022 fue realizado por el señor Julio César Martínez Lantigua, vinculado a la empresa Tiote Comercial, SRL, aunque, conforme se pudo verificar, este cedió sus acciones a los actuales socios de la empresa.
La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante nuestra investigación. Este fenómeno sugiere la posible intención de confundir o engañar, lo cual podría tener implicaciones serias en términos de transparencia, legalidad yo consecuencias penales.
Al constatarse las violaciones al debido proceso ya indicadas, procede que a los servidores y funcionarios que hayan participado en el procedimiento investigado, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo, se les apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, agotando el debido proceso disciplinario.
De nuestra parte, proseguiremos con el estudio y análisis de fondo de otra investigación y un recurso jerárquico también presentado contra dicha licitación, para eventualmente emitir las resoluciones que correspondan, así como el proceso sancionador a la empresa adjudicataria que, de confirmarse los hechos, pudiera ser inhabilitada de manera permanente en el Registro de Proveedores del Estado.
Para finalizar, queremos reiterar que continuaremos colaborando plenamente con las autoridades correspondientes durante el desarrollo de la investigación y que proporcionaremos toda la información necesaria para esclarecer los hechos en cuestión que favorezcan la adopción de decisiones bien informadas, apegadas al debido proceso y a los principios que informan la actividad de la administración.
13 de noviembre de 2023, Santo Domingo D.N»
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.