Más Noticias
Suspenden registros de 38 proveedores vinculados a funcionarios públicos
Santo Domingo, R.D.-La suspensión preventiva de 38 registros fue dispuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), según lo anunció el Registro de Proveedores del Estado (RPE), tras identificar vínculos directos con funcionarios públicos de alto nivel y con empresas en las que estos tienen participación societaria.
La decisión está contenida en la Resolución DGCP44-2025-002579, firmada el 21 de julio de 2025, y se enmarca en el cumplimiento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento (Decreto 416-23).
Medida preventiva para garantizar la transparencia
La DGCP aclaró que la suspensión no constituye una sanción, sino una acción preventiva para asegurar que los funcionarios en ejercicio no participen, directa ni indirectamente, en procesos de contratación con el Estado.
Funcionarios y empresas implicadas
En el listado anexo figuran ministros, viceministros, directores generales, subdirectores, alcaldes y regidores, así como las sociedades comerciales relacionadas. Entre los casos resaltan:
- Abel Madera Espinal (Blue Hills Investments, SRL) – Director General
- Antonio Palma Larancuent (Corning Invest, SRL) – Viceministro
- Armando Paíno Henríquez Dajer (Galienville Partnership, SRL) – Ministro
- Carlos de Jesús Pellerano Cepeda (Carlos Pellerano & Asociados, SRL) – Director Ejecutivo
- Cruzdeyvi de los Santos Mota (Viu Cool Print Vicoprint, SRL) – Alcalde
- María Eloísa Luna Liberato (Nuntius Comunicaciones, SRL) – Viceministra
- Omar José García Castillo (Farmacia Omayra, SRL) – Director
- Robert Darío Polanco Tejada (Visión y Actualidad, SRL) – Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Gestión Presidencial
- Yovanny Heredia Reyes (Grupo YAP Contratista, SRL) – Regidor
En total, son 38 registros afectados, correspondientes a personas físicas y jurídicas con participación accionaria superior al 10% de parte de los funcionarios.
Publicación y notificación oficial
La DGCP instruyó a su Departamento de Registro de Proveedores a ejecutar la suspensión, publicar la resolución junto al listado y notificar a los órganos de control externo, entre ellos la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
La institución recordó que solo los proveedores inscritos y sin restricciones legales pueden ofertar bienes, servicios u obras al Estado, y reiteró su compromiso de mantener una supervisión constante para prevenir conflictos de interés en las contrataciones públicas.
Funcionarios de reciente designación
Según la DGCP, los registros suspendidos corresponden a funcionarios de reciente nombramiento o elección, detectados tras los cruces de información que la institución realiza de manera permanente.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.