Santo Domingo.-La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGIG) se estrenará este viernes cuando reunirá a sus miembros para conocer varias instancias elevadas por empleados  y funcionarios públicos que han sido  cancelados de sus puestos, aún perteneciendo a  la carrera administrativa.

La información la ofreció el director general del organismo, doctor Marino Vinicio Castillo, quien dijo que  conocerán cada uno de los casos y que si detectan violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa lo que manda es ordenar la reposición de esos servidores públicos.

“El Ministerio de Administración Pública ha estado remitiendo a la DGIG casos de empleados y funcionarios  que han sido despedidos, pero que alegan que no pueden ser despedidos porque están dentro de la carrera administrativa, entonces nosotros hemos abierto una serie de audiencias y entrevistas para conocer sobre esos casos”, sostuvo  Castillo.

Explicó que en la audiencia de este viernes conocer los casos de despidos se han producido en la Contraloría General de la República para conocer la versión de los empleados y luego se reunirán con los funcionarios del organismo oficial para que también fijen su posición al respecto.

“El lunes hay  entrevistas, porque vamos a recibirá un grupo de empleados de  la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, quienes también elevado quejas y entonces vamos a ir conociendo y tocando a los incumbentes para que den sus explicaciones”, apuntó.

Entrevistado acerca de las cantidades de queja que han llegado a su despacho, Castillo precisó que hasta hoy al mediodía había recibido cerca de 14 denuncias de cancelaciones supuestamente en violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

“Eso  ahora se va a reubicar y clasificar lo qué es carrera, lo que no es carrera o pueden estar en carrera conforme a la legislación anterior, que tienen un derecho diferente  de menor alcance que en la nueva ley, es decir eso se va  a determinar”, agregó el  funcionario.

Sin embargo, advirtió que en todos los casos va a hacer cumplir la ley, porque lo que la ley ordena es lo que se debe respetar.

De acuerdo con la Constitución de la Republica la destitución  de un funcionario de carrera es nula de pleno derecho, porque es un acto contrario a su indicación.

“Es decir, ningún incumbente puede desconocer eso, porque la Constitución se encarga independientemente de que la Ley de Administración Pública le ratifique, es una protección constitucional para esos empleados”, precisó.

Al  Ministerio de Administración Pública han llegado las diferentes queja  y ese organismo  ha apodera de las mismas   a la   Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, entidad que  tiene competencia conocer esos casos  y darles el curso que establece el decreto mediante el cual fue creada.

Recientemente el ministro de  Administración Pública  advirtió a los funcionarios del gobierno que son pasibles de ser sometidos a la justicia y en violación a la ley cancelan funcionarios y empleados que pertenecen a la carreta.

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