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DGII: “Deuda de Casinos Dream no ha prescrito y será cobrada por la Ley”
SANTO DOMINGO. El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, aseguró que la deuda de los Casinos Dream con el Estado dominicano no ha prescrito, y garantizó que esa institución la cobrará en base a mecanismos que le provee la ley.
En respuesta a dos reportajes y un editorial de Diario Libre en el que se precisó que se perderían RD$637,420,000 por la prescripción de esa deuda, el funcionario manifestó que esta sigue vigente, porque ha sido interrumpida por diversos mecanismos como “requerimientos de pago mediante notificaciones físicas por la gestión anterior, así como por la presente, por notificaciones a través de la oficina virtual, y por acuerdos de pago que habían sido suscritos en años anteriores, a pesar de que dichos acuerdos nunca fueron honrados”.
“No le quepa la menor duda de que la deuda de los casinos con esta institución y que en nuestros sistemas aparecen perfectamente vigentes, serán cobradas sobre la base de los mecanismos que nos provee la ley; y hasta que los tribunales consideren, sobre análisis de pruebas, lo contrario”, señaló el funcionario en una carta enviada al director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.
Precisó que, basado en el Código Tributario, la prescripción puede ser suspendida porque en principio las deudas tributarias prescriben a los tres años contados a partir del momento del vencimiento del pago del impuesto.
Aclaró que, sin embargo, se extiende por dos años adicionales, convirtiendo los 3 años en 5, en diferentes supuestos, como por ejemplo: caso de omisiones o porque se le haya notificado el inicio de una fiscalización.
Resaltó que la interrupción de la prescripción también implica que su conteo reinicia tantas veces como se haya interrumpido.
Díaz detalló que como supuestos capaces de interrumpir la prescripción, el Código Tributario establece la notificación de la determinación de la obligación tributaria, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente, de cualquier forma, así como por cualquier solicitud que este realice, por cualquier acto de requerimiento de pago.
“Los contribuyentes no están supeditados a que la DGII les ‘autorice’ a ‘pedir el perdón de la deuda’, como tampoco ‘autoriza’ a ningún contribuyente a pedir perdón de la deuda. En cuanto a ‘La quita o perdón de la deuda’, si bien es un mecanismo de extinción de obligación en otras jurisdicciones, dicho procedimiento no se encuentra previsto en nuestro Código Tributario”, indicó.
Destacó que existe otro supuesto que suspende la prescripción, sin fecha, y es aquel que se da cuando se interpone un recurso administrativo o jurisdiccional.
Explicó que esta suspensión será por tanto tiempo como se tome el proceso de recurso y hasta tanto intervenga una decisión definitiva, y que interrumpida la prescripción, no se considerará el tiempo corrido con anterioridad y se reinicia el conteo.
Argumentó que la falta de pago por evasión o por defraudación en los casos de ITBIS y de Impuesto Sobre la Renta es estimada en porcentajes superiores al 40% y 50%, respectivamente, y que el caso de los casinos no es un caso aislado.
Se recuerda que en cartas remitidas al director de lmpuestos Internos, entre el pasado 7 y 10 de noviembre de este año, Dream Casinos pidió la prescripción de las deudas acumuladas con las operaciones de siete casinos.
En el reportaje del pasado día 6 se consigna que “la deuda correspondiente a los impuestos de casino, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos, tuvieron origen cuando la empresa operaba 12 casinos en seis provincias del país”.
by Omar Santana on Scribd
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.