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DGII: “Deuda de Casinos Dream no ha prescrito y será cobrada por la Ley”
SANTO DOMINGO. El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, aseguró que la deuda de los Casinos Dream con el Estado dominicano no ha prescrito, y garantizó que esa institución la cobrará en base a mecanismos que le provee la ley.
En respuesta a dos reportajes y un editorial de Diario Libre en el que se precisó que se perderían RD$637,420,000 por la prescripción de esa deuda, el funcionario manifestó que esta sigue vigente, porque ha sido interrumpida por diversos mecanismos como “requerimientos de pago mediante notificaciones físicas por la gestión anterior, así como por la presente, por notificaciones a través de la oficina virtual, y por acuerdos de pago que habían sido suscritos en años anteriores, a pesar de que dichos acuerdos nunca fueron honrados”.
“No le quepa la menor duda de que la deuda de los casinos con esta institución y que en nuestros sistemas aparecen perfectamente vigentes, serán cobradas sobre la base de los mecanismos que nos provee la ley; y hasta que los tribunales consideren, sobre análisis de pruebas, lo contrario”, señaló el funcionario en una carta enviada al director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.
Precisó que, basado en el Código Tributario, la prescripción puede ser suspendida porque en principio las deudas tributarias prescriben a los tres años contados a partir del momento del vencimiento del pago del impuesto.
Aclaró que, sin embargo, se extiende por dos años adicionales, convirtiendo los 3 años en 5, en diferentes supuestos, como por ejemplo: caso de omisiones o porque se le haya notificado el inicio de una fiscalización.
Resaltó que la interrupción de la prescripción también implica que su conteo reinicia tantas veces como se haya interrumpido.
Díaz detalló que como supuestos capaces de interrumpir la prescripción, el Código Tributario establece la notificación de la determinación de la obligación tributaria, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente, de cualquier forma, así como por cualquier solicitud que este realice, por cualquier acto de requerimiento de pago.
“Los contribuyentes no están supeditados a que la DGII les ‘autorice’ a ‘pedir el perdón de la deuda’, como tampoco ‘autoriza’ a ningún contribuyente a pedir perdón de la deuda. En cuanto a ‘La quita o perdón de la deuda’, si bien es un mecanismo de extinción de obligación en otras jurisdicciones, dicho procedimiento no se encuentra previsto en nuestro Código Tributario”, indicó.
Destacó que existe otro supuesto que suspende la prescripción, sin fecha, y es aquel que se da cuando se interpone un recurso administrativo o jurisdiccional.
Explicó que esta suspensión será por tanto tiempo como se tome el proceso de recurso y hasta tanto intervenga una decisión definitiva, y que interrumpida la prescripción, no se considerará el tiempo corrido con anterioridad y se reinicia el conteo.
Argumentó que la falta de pago por evasión o por defraudación en los casos de ITBIS y de Impuesto Sobre la Renta es estimada en porcentajes superiores al 40% y 50%, respectivamente, y que el caso de los casinos no es un caso aislado.
Se recuerda que en cartas remitidas al director de lmpuestos Internos, entre el pasado 7 y 10 de noviembre de este año, Dream Casinos pidió la prescripción de las deudas acumuladas con las operaciones de siete casinos.
En el reportaje del pasado día 6 se consigna que “la deuda correspondiente a los impuestos de casino, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos, tuvieron origen cuando la empresa operaba 12 casinos en seis provincias del país”.
by Omar Santana on Scribd
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.