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El Dican era un nido de corrupcion.
Era un nido de corrupción la Dirección Central de Narcóticos (Dican), cuyo final se avecina por orden del presidente Luis Abinader, el cual ha sido escenario de escándalos desde su creación.
La presión social para que el combate contra el narcotráfico no estuviera a cargo de la Policía, provocó que se le quitara el manejo de los casos de drogas creándose lo que hoy es la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La Policía fue excluida en los asuntos antinarcóticos hasta 20 años después, cuando en el 2008 la institución creó la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) que se concentraría específicamente en el microtráfico en los barrios.
Antes de existir la Dican, el primer gran escándalo conocido y que trajo consigo cambios dentro de la Policía, fue el enjuiciamiento y posterior condena contra el entonces coronel Aridio de Jesús Descartes Pérez, comandante del Departamento de Investigaciones contra Narcóticos y Drogas Peligrosas de la Policía Nacional.
En el 1981, De Jesús Pérez fue sometido a la justicia, que le costó meses después la cancelación de su nombramiento, por traficar con dos kilos de cocaína valorados en 76 mil pesos y por robar más de 26 mil pesos. El excoronel fue condenado a diez años de prisión en la Penitenciaría Nacional La Victoria.
Tras su creación, la Dican ha estado envuelta en escándalos que involucran la desaparición de grandes volúmenes de drogas y denuncias de supuesta implantación de sustancias en los barrios, principalmente, a los jóvenes.
Por ejemplo, en 2010 fue apresado con 400 kilos de cocaína el director del Dican en San Francisco de Macorís, Miguel Rodríguez, mientras que ese mismo añoel jefe de la Dican en la provincia Santiago, coronel Franklin Peralta, fue sorprendido, junto a unas 12 personas más, en una transacción de drogas.
Otro estacándolo ocurrió en el 2015 cuando varios altos oficiales de la Dican, incluido su director de aquel entonces, el coronel Carlos Fernández Valerio, fueron enjuiciados por sustraer 950 kilos de cocaína que confiscaron durante un operativo en el 2014 y que no reportaron ante los organismos correspondientes. Los condenados fueron sentenciados a 20 años de prisión.
El ministro de Interior y Policía, Jesús-Chu- Vázquez, encabezará hoy a las 11:00 de la mañana la primera reunión ordinaria del Consejo Superior Policial, donde será analizado como punto único de agenda la disposición del presidente Abinader de disolver la Dirección Central Antinarcóticos (Dican).
Finjus recomienda DNCD pase a la Procuraduria
De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, sugirió al presidente Luis Abinader, que transfiera la adscripción de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a la Procuraduría General de la República.
“Desde el punto de vista del ordenamiento constitucional en la actual coyuntura y de manera incorrecta la DNCD está adscrita a la Presidencia de la República”, explicó.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.