Santo Domingo, RD.-Tres empleados de la Junta Central Electoral (JCE) de la provincia de Barahona fueron condenados a medidas de coerción por el Tribunal de Atención Permanente de la de esa jurisdicción, quienes eran parte de una red que se dedicaba a la suplantación de identidad y falsedad de documentos.Nacionales
Coerción a miembros de red de suplantación de identidad en Barahona
Santo Domingo, RD.-Tres empleados de la Junta Central Electoral (JCE) de la provincia de Barahona fueron condenados a medidas de coerción por el Tribunal de Atención Permanente de la de esa jurisdicción, quienes eran parte de una red que se dedicaba a la suplantación de identidad y falsedad de documentos.El arresto del grupo se produjo tras una «labor de inteligencia desarrollada durante varios meses» en las comunidades de Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba, en un operativo en que participaron las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público adscrito a la JCE para asuntos de Registro Civil.
Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal, quienes fungían como empleados de las oficialías de Neiba y Galván, respectivamente, se les impuso la medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva, mientras que, al también servidor de la JCE, Sucre Omar Duval Silfa, se le impuso garantía económica y presentación periódica.
Asimismo, a Caridad Eugenia Rodríguez Contreras (la Chichi) y Dominguito López Pérez (Dominguito), se les impuso tres meses de prisión preventiva; y a los extranjeros ilegales Michell Ange Bien Aime y/o (Estefanía), Josué Dupont y/o Héctor Julio Rosario Núñez, Luis Dupon y /o Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy Montilla y Yudelka Domice, se les impuso como medida seis meses bajo la vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.
Conforme a las indagatorias, el modus operandi consistía en que Rodríguez Contreras abordaba a los ciudadanos extranjeros ilegales en las inmediaciones de la Oficialía de la 12va. Circunscripción de Santo Domingo Este, y les ofrecía facilitarle todo tipo de documentación falsa para nacionalizarlos como nacidos en el territorio dominicano.
Mientras, Peguero, en complicidad con López Pérez, funcionaba como brazo para falsificar todo tipo de documentación pública como actas de nacimientos, cédulas y captaban personas en bateyes y fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos en la Junta Central Electoral, aunque el punto principal de las operaciones era la comunidad de Barahona la modalidad se extendía por parte de la región sur.
“Conforme a las declaraciones de los nacionales haitianos que intentaron obtener la nacionalidad falsa, la red de falsificación cobraba RD$70,000.00 y cien mil RD$ 100.000 por entregarles el documento fraudulento”, dice la JCE en una nota de prensa.
Al grupo se le imputa haber incurrido en los delitos de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, delitos previstos y sancionados por los artículos 147 y 148 del Código Penal, que sancionan la falsedad en escritura; así como la Ley 8-92 sobre la Cédula de Identidad y Electoral que establece condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.