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Medida de coerción a implicado en red de Cesar el «Abusador»
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Tres meses de prisión como medida de coerción fue impuesta por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional al imputado Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), quien es sindicado como cómplice y colaborador activo del lavado de dinero en la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador)
Jaque Mate deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La institución resaltó que de los dieciséis apresados hasta el momento por su vinculación a la red de César el Abusador, ahora suman siete los imputados con medidas de coerción de prisión preventiva, uno con prisión domiciliaria, tres extraditados a Estados Unidos y uno en proceso de extradición a esa nación, mientras que a los otros cuatro les fueron impuestas otras medidas consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Con relación a Jaque Mate recordó que el pasado mes de septiembre la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le otorgó la libertad pura y simple, pese a que el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional presentaron suficientes evidencias que demuestran su vinculación con actividades que constituyen una violación a varios artículos de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y al Código Penal Dominicano.
Indicó que fueron presentadas tres certificaciones laborales donde se hace constar que Jaque Mate trabajaba en los negocios de entretenimiento nocturno “Flow Gallery Lounge (Flw y Asociados SRL), Aqua Club (Unlimited Dance Discoteca SRL) y VIP Room (Suplinka SRL) y Alpanino (Soluga SLR), propiedad de César el Abusador, que eran utilizados como centros de reuniones para coordinar las actividades de tráfico de sustancias controladas y como medio para incorporar fondos al sistema financiero, simulando licitud de los mismos.
Señaló que en esos negocios, que aparecen también en las investigaciones que le siguen a César el Abusador en Puerto Rico, Jaque Mate era la persona que los promocionaba, lo que ha permitido establecer sus vínculos con esa organización del crimen organizado.
Explicó que las investigaciones preliminares demuestran que con recursos ilícitos como parte del esquema de lavado de activos Jaque Mate ha adquirido bienes y propiedades, ya que no puede demostrar su origen lícito.
El Ministerio Público recordó que dicho imputado aparece en la lista de la OFAC que sanciona con el congelamiento de los bienes o activos a las personas vinculadas al narcotráfico y en la lista de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que circuló en los medios de comunicación y que lo vincula a la red de César el Abusador, quien es señalado como traficante de narcóticos importante de acuerdo a la Foreign Narcotics Kingpin, conocida como Ley Kingpin.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.