Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó un amplio análisis sobre el estado de la institucionalidad democrática y el sistema de justicia en la República Dominicana durante 2025, destacando avances relevantes, pero también advirtiendo sobre desafíos estructurales que deberán ser enfrentados de manera decidida en 2026.

En su balance anual, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del orden democrático y subraya la necesidad de una evaluación constante de las actuaciones de los órganos públicos, desde una visión técnica, objetiva y propositiva. El documento pone énfasis en la importancia de consolidar reformas institucionales y normativas para responder a las crecientes demandas sociales y reforzar la confianza ciudadana en el Estado.

Según la entidad, durante 2025 el país experimentó una intensa actividad legislativa y judicial, con decisiones e iniciativas de alto impacto institucional. En ese sentido, la institución reconoció avances en la lucha contra la impunidad, impulsados por acciones anticorrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, reformas legales para endurecer sanciones por corrupción y lavado de activos, y la recuperación de fondos públicos desviados.

En el ámbito de la Defensa Pública, Finjus valora la consolidación de la Oficina Nacional de Defensa Pública durante 2025, resaltando su expansión territorial, la mejora en la eficiencia operativa y el fortalecimiento de los controles internos, lo que ha contribuido a un sistema de justicia más inclusivo.

Respecto al Ministerio Público, el informe destaca la elaboración participativa del Plan Estratégico 2025-2029, así como la creación de nuevas unidades especializadas y avances en la profesionalización de los fiscales. Sin embargo, señala como retos prioritarios para 2026 la sobrecarga laboral, la mora procesal y la necesidad de sistemas objetivos de evaluación y ascenso basados en mérito.

Uno de los puntos más críticos del análisis es la situación del sistema penitenciario. Finjus reconoce medidas recientes como el cierre de la Penitenciaría de La Victoria y la apertura del Centro Penitenciario Las Parras, pero insiste en que persisten profundas debilidades estructurales.

En ese contexto, la fundación destaca como un avance institucional clave el impulso a la creación del Ministerio de Justicia, concebido como órgano rector de las políticas del sistema de justicia y del sistema penitenciario. De cara a 2026, el principal desafío será traducir esta reforma en mejoras concretas, sostenibles y centradas en la dignidad humana y la reinserción social.

Finjus subraya que 2026 será determinante para consolidar reformas legales fundamentales. Aunque valora la aprobación del nuevo Código Penal en 2025, advierte que su periodo de entrada en vigor, se debe aprovechar para corregir ambigüedades, evitar regresiones en derechos fundamentales y asegurar coherencia con la Constitución y los estándares internacionales.

Asimismo, señala la urgencia de una reforma integral del Código Procesal Penal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una modificación anterior, así como la correcta implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas a partir de 2026.

En relación con la Policía Nacional, Finjus reconoce avances en la reforma institucional y en el modelo de patrullaje, pero expresa preocupación por el uso de la fuerza y la persistencia de percepciones de inseguridad, lo que obliga a profundizar políticas preventivas y mecanismos de control.

En su conclusión, Finjus afirma que el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho exige continuidad en las reformas estructurales y una mayor coordinación interinstitucional. Entre los pendientes para 2026, menciona una agenda legislativa amplia que incluye la actualización del Código Civil, normativas sobre libertad de expresión, protección de testigos y víctimas, y mecanismos efectivos de participación ciudadana.

“El el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acción pública, sostiene la organización, al tiempo que llama a mantener el impulso reformador como eje central para recuperar y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Santo Domingo, R.D.-Una serie de naciones reunidas este martes extraordinariamente en el  Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) coincidieron en que luego de la detención de Nicolás Maduro, Venezuela necesita un proceso de transición democrática.

Los países reunidos este martes con el objetivo de debatir los recientes hechos en Venezuela también consideraron que se debe evitar cualquier tipo de escalada del conflicto y así mantener la paz en la región.

Al hablar durante la sesión, Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral de República Dominicana, manifestó que en la actual situación existen dos prioridades inmediatas, una es la preservación del funcionamiento básico de las instituciones la otra es la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática.

Recordó que, tras las elecciones del 28 de julio del 2024, República Dominicana no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro y que, junto con otros Estados, exigió la publicación íntegra de las actas electorales y su verificación internacional, pero que la respuesta a ese legítimo reclamo fue la expulsión de Venezuela de los representantes diplomáticos y consulares dominicanos.

«Así como no reconocimos la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tampoco podemos conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular. República Dominicana no convalida hechos consumados», dijo.

La delegación de Estados Unidos ante la OEA aseguró que su país no invadió a Venezuela, sino que se trató de una acción de la fuerza pública que resultó en el arresto de una persona que ha sido acusada para que enfrente la justicia de ese país.

«Estas acciones no fueron tomadas a la ligera, el presidente Donald Trump le ofreció a Maduro diferentes vías de escape y él se rehusó a tomarlas, a tomar estas salidas.

Agregó que «no podemos seguir teniendo las mayores reservas petroleras del mundo bajo el control de adversarios del hemisferio occidental, mientras que el pueblo venezolano no tienen luz, no tienen calidad de vida y los petroleros no benefician al pueblo venezolano«.

Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Asuntos Bilaterales de Colombia, manifestó el rechazo de su país a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela.

Hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa.

«Colombia considera que las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional. Estas acciones contravienen el principio fundamental de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados, salvo en circunstancias estrictamente delimitadas en la Carta de las Naciones Unidas», manifestó.

Consideró que la intervención constituye un precedente sumamente preocupante por amenazar la paz y la seguridad regional, así como el orden internacional basado en normas.

Colombia reiteró el ofrecimiento de sus buenos oficios para contribuir a una salida diplomática a la situación actual e hizo un llamado para abstenerse de acciones que puedan escalar las tensiones o afectar la seguridad regional.

Chile sostuvo que estas acciones (0:42) constituyen un precedente peligroso para la paz y la seguridad regionales y para el orden (0:47) internacional basado en normas y pone en riesgo a la población civil. En este marco reiteramos (0:54) nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la solución pacífica (0:59)

con los principios que guían la política exterior de mi país, expresamos una profunda (0:20) preocupación y condena por las acciones militares unilaterales sobre el territorio de Venezuela, (0:26) las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la (0:31) prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad (0:35) territorial de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

De su lado, la delegación de Canadá propuso el inicio de un proceso de transición en Venezuela mediante el diálogo.

«Canadá ha apoyado este proceso de paz y una transición, digamos, liderada por Venezuela que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano. Y nosotros estamos con el pueblo venezolano y el derecho soberano que tienen para decidir su propio futuro una sociedad democrática. Ellos merecen un futuro construido en justicia, transparencia y libertades fundamentales», dijo.

Agregó que el régimen de facto venezolano no cuenta con ninguna legitimidad democrática responsable por violaciones a los derechos humanos, la destrucción de la economía venezolana y de detenciones arbitrarias de cientos de disidentes y opositores.

«Le hacemos un llamado a los Estados miembros para que coordinen los esfuerzos para que podamos compartir información, apoyar iniciativas que promuevan el diálogo«, destacó.

La representación de Guatemala expresó que el pueblo venezolano ahora tiene la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática, mientras que la comunidad internacional tiene el compromiso de apoyar sus esfuerzos en el marco del derecho internacional.

«Al mismo tiempo reafirmamos el respaldo al derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro en libertad mediante procesos auténticamente democráticos y respetuosos de la voluntad popular«, dijo.

En el caso de México, su delegación reiteró su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación de mayores consecuencias.

«La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno», agregó.

Santo Domingo, R.D.-En su acto de juramentación, el nuevo ministro de Justicia, Antoliano Peralta, expresó que una de las principales funciones de la institución será fortalecer las debilidades históricas de la defensa del Estado dominicano en procesos judiciales.

Al citar algunas de las misiones del Ministerio de Justicia, el funcionario señaló que el país ha perdido casos en los tribunales por la falta de organización en la representación pública.

«El Estado dominicano ha sido históricamente desangrado con una serie de demandas, en algunas ocasiones inicuas, en las que los demandantes obtienen ganancia de causa porque el Estado no tiene una defensoría organizada«, dijo.

El ministro aseguró que otra de las funciones principales del Ministerio de Justicia es la administración del sistema penitenciario, «que, hasta la existencia de esta ley (80-25), había estado de manera irregular bajo la regencia del Ministerio Público«.

Destacó también la incidencia del organismo en el sistema de derechos humanos y los compromisos que tiene la República Dominicana a nivel local e internacional.

En su juramentación, Peralta destacó la importancia de la creación del Ministerio de Justicia para la institucionalidad y la separación de los poderes públicos.

También expresó su satisfacción por los trabajos que ha realizado como consultor jurídico de la presidencia desde 2020 y valoró la designación de su sucesor, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.

Con el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, el Gobierno dominicano activó el plazo legal de 12 meses para poner en funcionamiento el Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 80-25, promulgada en agosto de 2025.

La designación de Peralta se produjo el 5 de enero de 2026, mediante el Decreto 1-26, emitido por el presidente Luis Abinader. A partir de esa fecha comenzó a correr el período de aplicación diferida previsto en la ley para la implementación completa de la nueva institución.

El artículo 66 de la Ley 80-25 establece que el Ministerio de Justicia debe entrar en funcionamiento definitivo en un plazo máximo de 12 meses contados desde la designación del ministro. Esto implica que, a más tardar en enero de 2027, deberán estar operativos el despacho del ministro, los viceministerios y las dependencias administrativas previstas en la normativa.