Santo Domingo, R.D.-Una alerta fue emitida por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ante la circulación de mensajes de texto fraudulentos que informan falsamente sobre supuestas multas de tránsito pendientes.
Según la institución, los estafadores utilizan mensajes amenazantes para presionar a los ciudadanos a realizar pagos en un plazo máximo de 48 horas.
Los mensajes fraudulentos, que aparentan provenir de instituciones oficiales, incluyen enlaces sospechosos y exigen datos personales o pagos inmediatos. La Digesett advirtió que no utiliza mensajes de texto como mecanismo para notificar infracciones ni solicita pagos fuera de los canales autorizados del Estado dominicano.
Digesett niega envío de SMS para cobrar multas
Digesett alerta sobre estafas por SMS con falsas multas.
Institución niega enviar mensajes de texto para cobros.
Reitera el uso exclusivo de canales oficiales para notificaciones.
Pide no hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir datos.
Llama a denunciar cualquier intento de estafa a las autoridades.
La entidad instó a la población a extremar precauciones y evitar proporcionar información sensible. “No hagan clic en enlaces desconocidos, no compartan datos personales y reporten cualquier intento de estafa a las autoridades correspondientes”, exhortaron mediante un comunicado.
Digesett reiteró que todas las multas de tránsito deben consultarse a través de las plataformas oficiales, como el portal web de la Procuraduría General o la aplicación de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Cualquier notificación legítima siempre vendrá acompañada de detalles verificables y no requerirá el uso de enlaces externos no identificables.
Además, enfatizaron que ninguna institución pública tiene permitido gestionar pagos por canales de mensajería no oficiales como WhatsApp, SMS o redes sociales. Las únicas vías habilitadas para trámites legales son las plataformas oficiales del gobierno.
El organismo también recordó que la ciudadanía puede denunciar mensajes sospechosos directamente a través del Ministerio Público o mediante el sistema 311 de denuncias ciudadanas. Estas herramientas permiten canalizar y rastrear intentos de fraude digital.
En un contexto de creciente digitalización, la Digesett insistió en la necesidad de educar a la población sobre buenas prácticas en seguridad digital. La entidad ha lanzado campañas de concientización para que los usuarios aprendan a identificar mensajes maliciosos y eviten ser víctimas de estafas.
“Estamos comprometidos con la seguridad vial, pero también con la protección ciudadana frente a nuevas amenazas digitales”, afirmaron. Además, anunciaron que se fortalecerán los canales de información para ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de denuncias.
Este nuevo llamado de alerta se suma a otras advertencias emitidas en meses anteriores, lo que evidencia la persistencia de estos esquemas fraudulentos y la necesidad de mantener una ciudadanía informada y atenta.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.