Santo Domingo, RD.-El diputado Sadosky Duarte negó en una intervención en la Cámara de Diputados que haya golpeado a una policía en Cotuí y agregó que es incapaz de agredir una mujer.Nacionales
Diputado Duarte dice en Cámara de Diputados: «Soy incapaz de golpear una mujer
Santo Domingo, RD.-El diputado Sadosky Duarte negó en una intervención en la Cámara de Diputados que haya golpeado a una policía en Cotuí y agregó que es incapaz de agredir una mujer.“Les garantizo que si me demuestran lo que me imputan, ese botón de diputado se lo entrego a la dirección del PRM y renuncio como diputado si me demuestran que cometí los hechos”, dijo el legislador en la sesión de esta tarde.
El diputado Duarte dijo que en ningún momento rozó a la raso de la Policía o tuvo contacto físico con ella. “No le puse la mano, yo no hice nada de eso”, dijo el legislador en la sesión.
El diputado dijo que ha tenido una lucha social constante como dirigente estudiantil y ahora contra la empresa minera Barrick Gold. “He tenido un enfrentamiento y todo eso lacera la Policía que siempre vive persiguiendo, esa es su función. Yo he creado una animadversión por mi actitud responsable ante la Policía Nacional”, dijo.
Dijo que en su comunidad la gente se ha tirado a las calles. “Yo le digo a mi gente, no quiero que alteren el orden, que hagan nada inapropiado”, dijo.
También se refirió a lo que dijo el actual fiscal de Cotuí, que señaló que estaba ocultando y defendiendo narcotraficantes. “Eso es una vulgar mentira”, dijo.
“Le pido a todos, a mi país, estoy dispuesto a que se me investigue, que vaya una comisión a investigar el hecho pero que se me garantice la presunción de inocencia. Acusar a una persona sin antes escucharla vulnera el derecho de una persona”, dijo el legislador.
El legislador dijo que no ha cometido ningún hecho. “Juzgarme sin ubicarme los principios establecidos en su articulo 68 y 69 de la Constitución, obviando la presunción de inocencia y no escucharme para emitir cualquier opinión”, se quejó.
“Yo soy incapaz de ponerle la mano a una mujer. Soy incapaz de salir, ven que no hice ningún tipo de acción que tenga que ver, mucho menos a una mujer. Nunca he tenido ninguna tipificación que lacere a la mujer de República Dominicana. Me aterra que me estén juzgando”, insistió.
Ayer, el presidente de la República, en tono enérgico y con varios golpes en la mesa, dijo que en su gobierno no va a permitir que ningún rango esté por encima de la ley en República Dominicana.
Abinader se refirió a la denuncia de agresión hecha por una agente de la Policía, que acusa al diputado perremeísta Sadoky Duarte.
El mandatario cree conveniente y que lo que procede es lo que hizo la cabo de Policía, que está sometiendo a la justicia al diputado “y lo ve bien”. Dijo que en lo referente al partido no solo está suspendido sino que se va a someter expulsión, como anunciara ayer José Ignacio Paliza, presidente de la organización.
“No hay rango que pueda estar por encima de la ley en este gobierno, eso no lo vamos a permitir”, enfatizó el primer mandatario esta mañana.
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Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Ante los citados hechos, el órgano acusador solicitó prisión preventiva como medida cautelar, contra Santillán Faulkner para garantizar su presencia durante el proceso, argumentando que su libertad representa un alto riesgo de fuga.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
El Ministerio Público amplió la acusación, sumando nuevos imputados y presentando denuncia formal contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, para un total de 41 procesados en este caso.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.