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Aprueban proyecto establece obligatoriedad de los debates electorales en el 2028
Santo Domingo, R.D.-Los diputados aprobaron este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que implementaría los debates electorales obligatorios en la República Dominicana a partir del año 2028, en los que deberán participar todos los candidatos presidenciales, congresuales y municipales.
El proyecto aprobado por los diputados, con 98 votos a favor, dispone que los candidatos que no asistan a los debates serán sancionados con la restricción total de los espacios destinados para la promoción de sus aspiraciones.
«Se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la JCE«, dispone el informe que aprobaron los diputados y que proviene de dos proyectos de ley propuestos por los legisladores José Horacio Rodríguez, Mélido Mercedes, Pedro Martínez, Aida López y Mateo Espaillat.
La iniciativa establece que los temas para los debates electorales deben ser previamente consensuados con todas las agrupaciones políticas de los candidatos, así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil.
Además, el proyecto refundido ordena que los debates sean transmitidos por los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. El careo quedará grabado en los portales digitales de la JCE, de manera que la ciudadanía pueda acceder a ellos después de su realización.
Para la ejecución del debate, la JCE retendrá una proporción del dinero asignado a los partidos políticos para sustentar de forma financiera el debate. La propuesta legislativa enfatiza que la participación en los debates será gratuita y no podrá implicar ningún gasto para los aspirantes.
El capítulo cinco del informe legislativo que preparó una comisión de diputados organiza el período, formato, duración y temática de los debates y sostiene que las entrevistas se realizarán el último lunes de los meses de noviembre, enero y marzo, previo a la contienda electoral.
El debate se hará dentro de los límites temporales de la campaña electoral establecidos por la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.
Asimismo, el documento legislativo afirma, en su artículo 18, que cada debate abordará temáticas distintas relevantes para el interés nacional, de manera que los candidatos puedan profundizar sobre cada una en sus intervenciones.
Los cinco diputados proponentes de los proyectos argumentan que la propia Ley 20-23 atribuye a la JCE la responsabilidad de promover la realización de debates sobre los programas que presenten los partidos. Sin embargo, los congresistas aducen que ninguna normativa obliga a los candidatos a debatir sus ideas públicamente.
«Los debates electorales fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de los candidatos que compiten por cargos de elección popular, por tanto, se ponen a prueba la calidad de sus propuestas electorales, evento que permite a los votantes conocer a los candidatos y sus propuestas», exponen los diputados en los argumentos de la iniciativa.
De igual forma, los congresistas alegan que la falta de obligatoriedad provoca que los debates se realicen de forma intermitente o irregular, lo que afecta la promoción del voto en el país.
Discutido para segunda lectura
Tras la aprobación en primera lectura, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que el proyecto será debatido cuando se someta en segunda lectura, antes del cierre de legislatura previsto para el 25 de julio.
SANTO DOMINGO.-La calidad de la enseñanza durante el año escolar 2023-2024 aumentó en el sistema público preuniversitario, además de incorporar innovaciones y avances que mejoraron sustancialmente las competencias, indicadores de logro, asistencia y puntualidad de la población estudiantil a los centros educativos, según lo informó el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).
La transformación del sistema educativo que tuvo como punto de partida la adecuación curricular de los niveles inicial, primario y secundario para fortalecer el enfoque de competencias e incorporar ejes transversales para atender a problemáticas sociales.
Además, se modificó el sistema de evaluación de los aprendizajes, asumiendo criterios más precisos y mayor oportunidad para la recuperación pedagógica. Los docentes fueron capacitados en estos cambios y acompañados en sus procesos.
Igualmente se actualizaron los diseños curriculares y sistemas de evaluación en los niveles primario y secundario del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas, que todavía seguían el currículo de 1995.
En convenio con universidades, academiase instituciones educativas, el Minerdelaboró libros de texto, tanto en formato digital como impreso, para todos los niveles educativos.
Los libros digitales, disponibles en la plataforma www.libroabierto.minerd.gob.do, ahora incluyen un chatbot de inteligencia artificial que permite a los estudiantes enriquecer su proceso educativo con respuestas puntuales a preguntas sobre los libros de textos.Además, alrededor de 4,000 centros educativos lograron tener conectividad con fibra óptica.
Durante el período escolar 2023-2024, los doce mil docentes que se incorporaron al sistema de enseñanza también ingresaron, por primera vez, al Programa Nacional de Inducción, en el que recibieron formación y acción tutorial, como establece el Estatuto Docente.
En el presente año lectivo, el Ministerio de Educación implementó el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) con la finalidad de facilitar el acceso a los centros educativos, garantizando la asistencia y puntualidad de los estudiantes.
En 42 Distritos Educativos, que incluyen 11 provincias y el Distrito Nacional, TRAE realizó 9,821,355 traslados de estudiantes desde y hacia las escuelas en los últimos siete meses, impactando la economía de miles de familias a las que se les posibilitóun ahorro de RD$2,946 millones en transporte.
Otra de las iniciativas relevantes desarrolladas por el Ministerio de Educación fue la puesta en práctica de la Política Nacional para la Alfabetización en la Etapa Oportuna a través del Programa Nacional Construyendo la Base de los Aprendizajes (CON BASE), que propició mejoras significativas en los aprendizajes de la lectura, escritura y matemática en más de 400 mil estudiantes que cursan entre primero y tercero de primaria en todos los centros educativos públicos del país.
Santo Domingo, R.D.-Mediante decreto el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la Ley 18-24, que a partir de ahora regulará el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
La norma moderniza los procedimientos de la institución, procura la mejora de las herramientas para el cumplimiento de los fines del ente y fortalece el régimen de las infracciones administrativas.
La Ley 18-24 esclarece de forma detallada su ámbito de aplicación, crea el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, aborda la composición, la autonomía, la naturaleza, la jurisdicción y las atribuciones de la Cámara de Cuentas, regula el funcionamiento de sus órganos, establece las competencias, atribuciones y obligaciones de sus directivos, pauta los parámetros de organización administrativa y define el rol de la Cámara de Cuentas en el Sistema Nacional de Control y Fiscalización y los procesos de auditorías.
Dichas observaciones, ahora aprobadas por la Cámara de Diputados, planteaban la necesidad de fortalecer la efectiva funcionalidad del órgano, impactando en las atribuciones del Pleno de la Cámara de Cuentas, el trámite de sus sesiones, las atribuciones de sus directivos, los principios y normas de la carrera administrativa especial.
Tal y como se establece en las motivaciones de la norma, en el proceso de reforma integral en que se encuentra inmerso el sistema de control y fiscalización del Estado dominicano, impera la necesidad de que la Cámara de Cuentas sea actualizada conforme a las disposiciones de la Constitución y a la exigencia de los nuevos tiempos, en procura de garantizar una gestión pública apegada a la ética, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia.
Santo Domingo, R.D.-Tras varios aplazamientos, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y demás implicados en el caso Coral y Coral 5G, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo.
La lectura inició en el tribunal presidido por Gissel Méndez, Tania Yunes y Jisel Naranjo, quienes decidirán si condena o no a los encartados en acto de corrupción administrativa, incluyendo a unos 30 policías y militares.
En la audiencia los fiscales detallan los tipos penales atribuidos a los imputados como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Igualmente, mencionan que el entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Sostiene además que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
El grupo es acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares y otras anomalías en el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En el caso Coral también figuran como acusados la pastora Rossy Guzmán, su Tanner Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Girón Jiménez se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.