Nacionales
Día en honor a Peña Gómez aprueba la Cámara de Diputados.
Santo Domingo. El día 6 de marzo de cada año ha sido aprobado por la Cámara de Diputados en primera lectura un proyecto de ley que declara como «Día Nacional en honor al Dr. José Francisco Peña Gómez», la cual es la fecha de nacimiento del fenecido político.
La iniciativa, cuyo autor es el diputado Ramón Ceballo, señala en su primer considerando que el líder político José Francisco Peña Gómez se destacó como un insigne patriota. Agrega que fue uno de los forjadores de la democracia política en la República Dominicana.
En otro de sus considerandos la iniciativa resalta que en Peña Gómez se refleja el referente de un hombre ejemplar. Que sus enormes aportes trascienden el paso del tiempo, y su legado nos sirve de inspiración para luchar por un mejor país. Un país en el que predomine la solidaridad, en un sistema más incluyente, y transparente.
Otras aprobaciones de los diputados
Los diputados en la sesión de este miércoles también aprobaron una resolución. En ella solicitan al presidente de la República agregar al Presupuesto General del Estado para el año 2023 la terminación y equipamiento de la escuela en Canca Abajo. Esta se ubica en el distrito municipal de Canca, provincia Santiago. También instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación para la terminación y al Ministerio de Educación para el equipamiento.
La pieza legislativa de la diputada Nelsa Shoraya Suárez en uno de sus considerandos señala que es un clamor popular de todos los alumnos, profesores, padres y amigos de dicho centro escolar. Que ellos solicitan a viva voz que el Gobierno vaya en su auxilio para la terminación. También para el equipamiento inmediato de dicho plantel escolar.
Señala otro de los considerandos que la población infantil del Distrito Municipal de Canca Abajo, en la provincia de Santiago de los Caballeros se encuentra desprotegida. Esto es por no acceder a la enseñanza que es de suma importancia porque estos serán los adultos del mañana.
En tanto que, fue dejada sobre la mesa una resolución en la que solicita al Pleno de la Cámara de Diputados la conformación de una comisión especial para realizar un levantamiento y rendir un informe sobre el nivel de contaminación de las aguas del río Jaya y de la cañada Grande ubicados en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Próxima sesión
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco convocó a la comisión Coordinadora de ese órgano legislativo, para decidir entre otros asuntos si la sesión del próximo martes se convoca para las 10 de la mañana o para las 1:00 de la tarde.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.