Nacionales
Aprueban proyecto que regula administración de bienes incautados
Fue aprobada por la Cámara de Diputados en primera lectura el proyecto de ley para la administración de los bienes incautados, secuestrados, abandonado, decomisados y en extinción de dominio.
La pieza, propuesta del Poder Ejecutivo, busca regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícicos y de otros hechos punibles, necesario para el funcionamiento de la Ley de Extinción de Dominio, aprobado el pasado año 2022.
Según el objeto del proyecto, busca establecer un sistema de administración, control, mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio, así como su destino final en los caos en que se disponga su decomiso o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.
Para esto, según el proyecto, se creará el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), adscrito al Ministerio de Hacienda.
Esta nueva entidad tendría un consejo directivo y una dirección ejecutiva, estando el primero, respectivamente, conformado por los ministros de Hacienda, Interior y Policía, Economía, el procurador general de la República, un miembro designado por el presidente de la República y el director ejecutivo del Incabide.
En el caso de la dirección ejecutiva, se elegirá un director que asumirá la gestión administrativa y tendrá la representación legal de la institución.
Alquiler y venta
Entre los aspectos que establece el proyecto de ley, está el arrendamiento o alquiler de bienes incautados, lo cual podrá realizar el Incabide con terceros.
Sobre el precio de alquiler, la pieza establece deberá ser equivalente a los “precios del mercado”.
Además, cuando se emita una sentencia definitiva, el Incabide deberá avisar al inquilino sobre el dictamen para que abandone o entregue el bien en un plazo de 90 días.
Mientras que lo concerniente a las ventas, el artículo 70 establece que la entidad encargada de la administración podrá vender los patrimonios sin esperar una sentencia definitiva de decomiso.
No obstante, indica que solo los bienes que requiere un alto costo de mantenimiento, que son propensos a deterioro, que se desprecian con el tiempo y los perecederos, serán hábiles para ventas.
Sobre el dinero obtenido por la venta, el monto se depositará en certificados de depósito en el Banco de Reservas hasta tanto se dicte una sentencia que determine su destino final.
Una vez ocurrida la sentencia, si indica la devolución de los bienes incautados o secuestrados, las sumas de dinero adquiridas por las ventas serán devueltas al propietario junto con los intereses generados hasta la fecha. Mientras que, en caso contrario, los fondos serán depositados en una cuenta única del tesoro del Ministerio de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en una primera lectura, sin embargo, según anunció el presidente de la Cámara de Diputados, para su segundo conocimiento se esperan debates y posibles modificaciones propuestas por legisladores.
La pieza ya cuenta con la aprobación del Senado, por lo que, en caso de ser aprobada sin modificaciones por los diputados, se convertiría en ley.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.