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Continúa endeudamiento del país con aprobación de préstamos por más de 1,200 millones de dólares
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados aprobó este martes seis préstamos por un monto superior a los 1,200 millones de dólares para ser utilizados en el financiamiento de construcciones en el Metro de Santo Domingo y la Presa de Montegrande, así como un programa para mejorar la eficiencia energética.
Sobre el primer crédito, el Poder Ejecutivo dispondrá de 250 millones de dólares adicionales para la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, luego de que los diputados sancionaron favorablemente el nuevo préstamo.
El nuevo crédito fue rechazado por los voceros de los partidos de oposición, cuestionando la falta de resultados de préstamos pasados, así como alegando que la construcción de esta nueva línea del Metro de Santo Domingo “ha resultado más cara que la anterior”.
OTROS PRÉSTAMOS
El otro endeudamiento consta de un préstamo suscrito entre el país y el BCIE, por un monto de 236 millones 926 mil 411 que será utilizado para el financiamiento del “Proyecto Construcción de Obras Complementarias de Riego y Suministro de Agua de la Presa Montegrande”.
El nuevo crédito será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), institución que está también a cargo de la presa que aún no ha sido entregada.
Mientras que el tercer préstamo aprobado fue suscrito por la República Dominicana y la Agencia Japonesa de Cooperción Internacional (Jica), el 28 de diciembre de 2021, por un monto de 36 millones de dólares.
El endeudamiento, según explica el contrato, fue tomado para el financiamiento y ejecución del programa de “Mejoramiento de Eficiencia Energética de la República Dominicana” y será ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas.
El dinero de este préstamo sería ejecutado y utilizado por el Ministerio de Turismo (Mitur).
Sobre el quinto préstamo, consta de un contrato firmado el 5 de julio de este año, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) por un monto de 250 millones de dólares.
Previo a aprobar este último préstamo, los voceros de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, expresaron su descontento con la cantidad de créditos tomados, por lo que se retiraron el hemiciclo.
Mientras que el último préstamo aprobado corresponde a un contrato suscrito el pasado 31 de julio con el Birf por un monto de 400 millones de dólares.
Según explica el contrato, el monto sería utilizado como un segundo financiamiento para políticas de desarrollo en apoyo a la reforma del sector eléctrico para un “crecimiento sostenible”.
En el caso de estos últimos cinco préstamos, aún resta que pase por el Senado de la República para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de estos fondos.
En total, la Cámara de Diputados aprobó sólo ayer seis préstamos por un monto total de 1,242,926,411 de dólares en préstamos, de los cuales 250 millones ya están disponibles para que el Poder Ejecutivo los pueda utilizar.
Convenio de préstamo No.9528-DO, suscrito el 31 de julio de 2023, entre la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de cuatrocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$400,000,000.00), correspondiente al segundo financiamiento para políticas de desarrollo en apoyo a la reforma del sector eléctrico para un crecimiento sostenible
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.