Tras declarar de urgencia fue aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Facturación Electrónica, pieza que ha sido objeto de cuestionamientos de legisladores de la oposición por lo que esa decisión se produjo tras acuerdos partidarios arribados en el pleno de ese órgano.
La declaratoria de urgencia fue aprobada con 111 votos a favor y cinco abstenciones; del informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, con 106 votos a favor y ocho abstenciones y en primera lectura obtuvo 114 “síes” y seis diputados no votaron.
Asimismo, la iniciativa volvió a ser remitida a la Comisión Permanente de Hacienda en un segunda lectura, dando cumplimiento al acuerdo entre los tres principales partidos políticos representados en la Cámara Baja, el Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP).
Al presentar ese último procedimiento, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, dijo que la pieza fue remitida a estudio nueva vez para que esa comisión presente un informe “en un tiempo favorable”.
La iniciativa, depositada por el Poder Ejecutivo el pasado 13 de septiembre de 2022, fue aprobada en el Senado el pasado 10 de enero del año en curso.
Al iniciar el conocimiento del proyecto de ley de Facturación Electrónica, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, dijo que estaba de acuerdo con que la pieza fuera aprobada en primera lectura con el objetivo de que en una segunda lectura fuera reenviada a comisión para que se le permitiera la oportunidad de someter 21 observaciones sobre la pieza.
El congresista aclaró que en sentido general estaba de acuerdo con la pieza por su relevancia pero que quería que se tomaran en cuenta algunas sugerencias para evitar que las pequeñas y medianas empresas sean afectadas con la puesta en vigencia de esa ley, de ser aprobada.
En tanto que Juan Julio Campos, vocero del bloque de diputados del PLD, dijo que él favorecía que el proyecto de ley de Facturación Electrónica fuera reenviado a comisión para profundizar su estudio.
Al respecto, Julito Fulcar, vocero del bloque del PRM, dijo que coincidía con el diputado Campos.
En vista de que el PRM no contaba con los votos necesarios para lograr la declaratoria de urgencia, según admitió Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, éste propuso ante el pleno el acuerdo partidario para que se declarara de urgencia y que en una segunda lectura fuera enviada a comisión nuevamente.
Advirtió sobre la importancia de que los acuerdos arribados sean cumplidos.
La iniciativa
El proyecto de ley de Facturación Electrónica busca regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país; establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, así como los resultados de optimización y contingencias y establecer los plazos de entrada y facilidades fiscales que serían otorgadas a los contribuyentes que se acojan a ese sistema.
El informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda fue firmado por seis de sus 14 miembros, por lo que no logró la cantidad de firmas requeridas para su validez, que en esta ocasión debía ser de al menos ocho rubricas de los diputados miembros.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.