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Pedernales ha sido declarado ecoturístico por la Cámara de Diputados

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Santo Domingo, RD.- Mediante un proyecto de la autoría del diputado Radhamés Camacho, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que declara a Pedernales como provincia ecoturística.

La ley contempla la creación del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia de Pedernales como órgano rector de la promoción y como entidad sin fines de lucro para regular las actividades ecoturísticas de la demarcación.

Además, crea el Fondo Provincial de Desarrollo Ecoturístico que tendrá la responsabilidad de recaudar, administrar, invertir y custodiar los bienes y recursos que se asignen o que capten. La iniciativa ahora pasa al Senado de la República, para su conocimiento y aprobación.

La Cámara de Diputados ratificó la resolución que aprueba el Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial.

La pieza legislativa, que ya fue aprobada por el Senado de la República, tiene por objeto crear exclusivamente para la materia civil y comercial los medios necesarios para que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno.

Asimismo, los diputados en la sesión de este martes ratificaron la resolución aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Costa Rica, sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico, suscrito en Puerto Plata, República Dominicana, el 10 de diciembre del año 2021.

Esta iniciativa, que fue ratificada por el Senado de la República, tiene el objetivo autorizar que los dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de cada país suscribiente, puedan ejercer actividades remuneradas en el Estado receptor, de acuerdo con la legislación interna de cada país, una vez obtenida la autorización correspondiente.

También fue ratificada la resolución aprobatoria del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) y la República Dominicana, suscrito el 27 de mayo del año 2022.

El convenio, suscrito en mayo del 2022, tiene por objeto la promoción de inversiones y oportunidades de inversión con el fin de identificar áreas de colaboración potencial desde los países de alta renta que conforman el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional hacia el territorio dominicano, bajo un esquema de protección a fin al que se brinda a otras instituciones financieras multilaterales de desarrollo que operan en el país, con el establecimiento de un esquema de solución de las controversias que pudieran presentarse.

Reconocimiento

En la sesión de este martes los diputados otorgaron un reconocimiento a la banda municipal de música de la provincia La Vega, por su trayectoria y aportes a favor de la cultura dominicana.

La iniciativa, de la autoría del diputado Agustín Burgos, en uno de sus considerandos establece que la Banda de Música Municipal de La Vega, fue fundada el mayo de 1882, siendo una de las primeras en de

Los diputados también aprobaron una resolución en la cual se reconoce al señor Ulises Polanco Morales por su lucha en favor de la democracia, la libertad del pueblo dominicano, sus valiosos aportes en el ámbito comercial y empresarial y al fomento del desarrollo exitoso de la comunicación de la provincia Santiago y del país.

La pieza legislativa, de la autoría del diputado Máximo Castro Silverio, en uno de sus considerandos establece que el señor Ulises Polanco, natal del municipio Altamira acumula los méritos de haberse destacado, desde muy joven, por resistir, enfrentar y combatir con valor y gallardía los abusos y actuaciones arbitrarias del régimen de Trujillo, acciones que lo convirtieron en un férreo luchador en favor de la libertad y valores democrático.

Minuto de silencio

El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por la memoria de José Lucas Fermín, quien se destacó como urbanista y empresario agrícola en la provincia María Trinidad Sánchez y por la memoria del doctor Julio Brache, quien dejó la medicina para dedicarse a fundar la empresa Leche Rica.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, previo a cerrar los trabajos de la sesión de este martes, convocó a sus colegas diputados y diputadas a sesión este miércoles a partir de las 11:00 de la mañana.

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Tribunal escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio

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SANTO DOMINGO.- La  Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Audiencia preliminar de exjefe de la DEA en el país es aplazada para abril.

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Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos  fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso  del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Ejecutivas de colegio Da Vinci reciben ratificacion de medida de coercion.

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Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra  varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo  por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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