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Rechazan interpelar a ministro de Educación
Santo Domingo.-Un rechazo tajante recibió este miércoles departe de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la solicitud del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo de la aprobación de la resolución de interpelación al ministro de educación, Ángel Hernández, depositada por la legisladora Selinée Méndez.
Los legisladores de la Fuerza del Pueblo argumentaron que este país merece una explicación ante el desastre que vive el sistema educativo nacional y las familias dominicanas donde sus hijos quedaron sin cupos en las aulas y en algunos casos los estudiantes reciben clases en lugares inadecuados, como ocurre en la improvisada “Escuela Padres de la Patria”, del municipio de Guerra en Santo Domingo Este y otras localidades más.
Rafael Castillo, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo se retiró de la sesión junto a la bancada opositora, declaró que para el inicio del año escolar 2024-2025, el Ministerio de Educación arrastra un déficit de más de 7,000 aulas, sumado a las múltiples situaciones que afectan el funcionamiento normal de los planteles educativos, así como el desarrollo de los alumnos y sus maestros.
“En este momento estamos invitando al ministro de educación, a venir a esta Cámara de Diputados a explicarle al país, las razones que han generado todo este desastre en el sistema educativo nacional, eso es inconcebible la falta de aulas en el país, y las consecuencias negativas que eso genera para nuestros hijos e hijas en todo el territorio nacional”, señaló el legislador.
Castillo, sostuvo que se hace urgente buscar soluciones efectivas que vayan encaminadas en sacar al país de este abismo por el que atraviesa la educación, pero solo se logra con la implementación de políticas y estrategias bien definidas.
“ Solo para citar algunos casos, es penoso ver que el 43% de las escuelas supera los 30 estudiantes por aula y de estas, el 23% de los centros educativos se maneja con más de 35 estudiantes por salón; a nivel urbano, el 59% de las escuelas supera los 30 estudiantes por salón, sumémosle a eso la falta de personal en muchos centros educativos, las condiciones de las infraestructuras, ausencia de bebederos en los planteles, falta de quipos informáticos para estudiantes y docentes y la mala opinión que tienen los docentes del manejo que reciben las escuelas públicas”, reseñó el legislador del partido que lidera Leonel Fernández.
Cabe resaltar, que la diputada Selinée Méndez, se había referido a la situación por la que atraviesa la educación en el país y de igual forma pidió una explicación al ministro de educación, a lo que este respondió airado, restando importancia a tal solicitud.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.