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Legisladores deploran Educación no tenga cupo para los alumnos dominicanos.
Santo Domingo, R.D.-Diputados y senadores de diversas bancadas políticas coincidieron ayer al afirmar que los niños dominicanos tienen dificultades para lograr un cupo en las escuelas públicas.
Según señalaron, la preferencia la tienen los menores haitianos al momento de realizar el proceso de inscripción en los centros educativos del Ministerio de Educación.
Así lo expresó Soraya Suárez, una de las diputadas de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en respuesta a los planteamientos de Amnistía Internacional sobre supuestas “deportaciones masivas y actos racistas” en contra de haitianos en el territorio dominicano.
“Se inscriben los hijos de los ciudadanos haitianos primero que los de dominicanos, no hay cupo para los niños dominicanos y hay que pagarles colegio privado para solucionar el tema. Se llenan los hospitales de las parturientas haitianas, se tragan el presupuesto de salud pública…”, declaró Suárez.
Asimismo, el diputado Eugenio Cedeño señaló que los menores de edad nacidos en Haití ingresan en las aulas dominicanas sin importar que no tengan acta de nacimiento y una formación inicial, situación que calificó como una “carga” para el gobierno dominicano, en vista de las inversiones millonarias destinadas para el funcionamiento escolar del país.
El diputado Danilo Díaz, representante nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lamentó el retroceso que está afectado al régimen educativo en los últimos años.
“Tenemos miles de niños que no pueden entrar a la escuela en su país, que se les está impidiendo…”, acotó Díaz, mientras declaraba que la sociedad dominicana no tiene necesidad de recibir una reforma constitucional que no solucionará problemáticas impactantes como estas.
Interpelar al ministro
La diputada Selinée Méndez, de la Fuerza del Pueblo (FP), depositó el pasado martes un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Educación, Ángel Hernández, ante “la vergonzosa situación” que afecta al sistema educativo del país.
La iniciativa de Méndez califica de inadmisible que miles de estudiantes dominicanos no puedan acceder a un cupo dentro de las escuelas públicas.
Méndez lamentó, además, el exagerado costo que tienen los útiles escolares, ya que representa un “golpe mortal” al presupuesto de las familias, “lo que resulta inaceptable en un país que se precia de estar supuestamente avanzando en términos económicos.
La congresista deploró que la sociedad viva “claros indicios” de actos de corrupción en Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) con la “indignante” aparición de uniformes y zapatos en comercios situados en algunos sectores del Gran Santo Domingo.
“¿Cómo es posible que los recursos destinados a los estudiantes más necesitados terminen siendo vendidos en el mercado, mientras nuestros niños carecen de lo más básico para su educación?”, cuestionó la congresista en la pieza legislativa.
Este proyecto se encuentra en la sala legislativa de la Cámara Baja a espera de ser incluida en la agenda del día para su conocimiento.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.