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Diputados modifican de urgencia un artículo de la ley de función pública
Los diputados también aprobaron en segunda lectura con las dos tercera parte de los votos, el proyecto de ley orgánica que regula los Estados de Excepción en República Dominicana
Director de la Dirección General de Aduanas se reúnen con la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados para conocimiento caso Barrick Gold
Marino Collante, diputados, Fernando Fernández.
Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha: 03/04/2013
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Cámara de Diputados declaró este miércoles de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto que modifica el artículo 98 de la ley 41-08 de Función Pública, del 16 de enero de 2008.
La iniciativa del diputado Enrique Mencía establece en su “artículo 98, que el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispondrá de un plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para culminar con todo el proceso de evaluación de los servidores públicos que a la entrada en vigencia de esa ley ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el estatus como tales”.
Asimismo, se establece que a partir del vencimiento de dicho plazo, el MAP dispondrá de un plazo de tres años para organizar concursos abiertos de oposición para todos los cargos de carrera administrativa actualmente ocupados por servidores públicos que no hayan agotado los procesos de ingreso instituidos por la ley.
También, fue aprobado el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente Danilo Medina realizar los esfuerzos necesarios con el sector empresarial para rehabilitar el puerto de Manzanillo, en la provincia Montecristi
Los diputados también aprobaron en segunda lectura con las dos tercera parte de los votos, el proyecto de ley orgánica que regula los Estados de Excepción en República Dominicana.
La iniciativa del senador Félix Bautista tiene como objetivo fundamentar la regulación los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República en sus distintas modalidades, así como establecer los controles al ejercicio de las facultades extraordinarias que se otorgan a las autoridades con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas.
En uno de sus considerandos establece que es necesario contar con una legislación clara que establezca los parámetros legales por los que deben regirse los estados de excepción, máxime cuando ellos comportan una suspensión de derechos fundamentales.
Los diputados también aprobaron a unanimidad una resolución mediante la cual se solicita al presidente Danilo Medina, instruir al Director Nacional de Presupuesto, Luis Reyes Santos, para que incluya en el Presupuesto General del Estado, una partida de 850 millones de pesos para “categorizar” a los profesionales agropecuarios que laboran en las instituciones agropecuarias estatales.
La pieza legislativa del diputado David Herrera busca la “categorización” de los técnicos en los niveles I, II y III, y debe aplicarse según su nivel académico y antigüedad en servicio.
También, fue aprobado el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente Danilo Medina realizar los esfuerzos necesarios con el sector empresarial para rehabilitar el puerto de Manzanillo, en la provincia Montecristi.EFE
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.