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El peledeísmo sale en defensa a través de diputados de esa organización.
Santo Domingo, R.D.-Tras el expresidente Danilo Medina declarar que es un hombre honesto tras su cuñado arribar a un acuerdo con el Ministerio Público para devolverle al Estado más de tres mil millones de pesos, representantes de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados reafirmaron este jueves su respaldo a su líder, tras la culpabilidad por corrupción gubernamental que arrastran integrantes de su familia.
Aunque defienden a la organización política morada de cualquier acusación, desligándola de irregularidades administrativas registradas durante su paso por el Poder Ejecutivo, varios diputados peledeístas están convencidos de lo siguiente: «Maxy Montilla debe ir a la cárcel».
Esto, luego de que Montilla firmara un acuerdo con el Ministerio Público para admitir su culpabilidad y devolver al Estado alrededor de 3,000 millones de pesos.
«El expresidente Medina fue abusado por sus familiares. Esto debe traducirse en una condena penal, Maxy (Montilla) debe ir a la cárcel…», dijo al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional, haciendo referencia también a Alexis Medina, su hermano, quien fue condenado a siete años de prisión por incurrir en actos de corrupción.
El diputado del PLD, Charlie Mariotti, entiende que si se admite culpabilidad de un hecho penal la sanción no puede ser únicamente civil o económica.
«(Sobre todo en) un hecho como este lacera la constitucionalidad y la confianza en el Estado dominicano», dijo.
Es por estas razones que Mariotti considera que la sentencia de culpabilidad del hermano de la exprimera dama, Cándida Montilla, debe ir acompañada de sanciones penales.
«La responsabilidad penal es individual y el que hizo lo mal hecho tiene que cumplir las consecuencias. El fin de la pena no solo es la reinserción, sino también pagarle a la sociedad el daño cometido», precisó.
No obstante, entienden que las personas condenadas por integrar entramados de corrupción durante los dos mandatos del expresidente Medina no vinculan directamente al PLD, ya que no son dirigentes, ni militantes.
«Los cercanos y familiares al expresidente Medina ninguno milita en el PLD. Los que han confesado que violan la ley son simplemente familiares de Danilo, pero ninguno tiene responsabilidad política dentro del partido», dijo Sánchez.
“Soy un hombre honesto”
Mientras tanto, el exmandatario Medina se definió como un hombre honesto, alegando que únicamente se dedicó a servir durante su paso por la función pública.
«Yo soy un hombre honesto a toda prueba, porque yo fui un servidor», dijo esta mañana durante una entrevista en el programa radial «Sol de la Mañana», que se transmite por Zol 106.5 FM.
Medina dijo que nunca le pidió a un funcionario responsable de una institución que le asignara una obra a alguien, «ni familia, ni amigos, ni a nadie. Porque si no la pedía para mí, ¿por qué tenía que pedirla para otro? No lo hice nunca, nunca jamás».
Al reaccionar sobre la decisión de Montilla, quien colaborará con el órgano persecutor revelando que entregará miles de millones de pesos y testificando en contra de los implicados que “estafaron” al Estado, el exgobernante aclaró que sus relaciones con el imputado solo eran “relaciones cordiales”.
«Mi vinculación con Maxy únicamente es que él es medio hermano de mi esposa y en ese sentido es mi cuñado, pero más allá, Maxy ha tenido su vida independiente y yo, la mía, nunca me ha pedido favores, lo veía muy poco», manifestó el presidente del PLD.
Según las declaraciones ofrecidas a los comunicadores, Montilla le habría dicho a Medina que aceptó realizar el acuerdo con el órgano judicial para poder estar “tranquilo en libertad”. Pero, Medina considera que Montilla siempre estará detrás de las rejas de la sociedad, “y eso es absolutamente incomparable”.
“Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo, pero como tú no me pediste mi opinión, yo no tengo por qué exigirte que me la des, porque tú no me debes porque darme ninguna opinión; esa fue tu decisión y es tu decisión, pero yo no comparto eso», Esta fue la expresión de Medina dirigida a Montilla.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.