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Opinan sobre Ley 1-24, que crea DNI.
Santo Domingo, RD.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, fue recibido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de conocer su opinión sobre la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Al iniciar su ponencia, Castaño Guzmán aclaró que la Ley 1-24 tiene un componente político, pero que sus opiniones están concentradas en la parte técnica jurídica.
Dijo que la mayoría de los países de América tienen leyes como la que crea la DNI, y que el Estado dominicano debe contar con una ley de este tipo.
“A partir de esas experiencias, señalamos algunos de los puntos, no que cuestionamos, sino, los puntos donde la Ley puede ser mejor, por ejemplo todas esas leyes de los países que les mencioné tienen un catálogo de definición porque es una materia muy sensible; por ejemplo tienen definición de amenazas a la seguridad nacional, inteligencia estratégica, operaciones encubiertas, contra inteligencia, informaciones clasificadas, cooperación internacional, vigilancia electrónica, entre otras”, detalló.
Castaño Guzmán refirió una serie de recomendaciones que a su consideración deben ser revisadas en la Ley, entre ellas: Que hay que prestar atención al debido proceso y la razonabilidad para consolidar un esquema que pone a disposición un ordenamiento que respete las libertades y derechos de los individuos, actuando fundamentalmente conforme a las leyes vigentes.
También, determinar bajo cuál orden o procedimiento a seguir u órgano superior que ha de dar aprobación y seguimiento para las actuaciones que involucran recolección de data, sobre todo destacando organismo y personas de naturaleza privada que en principio tienen ciertas garantías y derechos a ser sopesados.
Además, hacer énfasis en los riesgos de la protección del manejo de la información privada que manejan las entidades de telecomunicaciones y el tratamiento especial de los usuarios.
“La DNI no puede atribuirse el control de las informaciones que manejan estos entes”, expresó.
De igual manera, que la legislación debe de contener un acápite referente al secreto profesional por parte de la DNI y el tratamiento de datos escogidos y que debe de estar la obligatoriedad por parte de la DNI de preservar la información para casos limitados, únicamente previstos por la Ley y acorde al mandato constitucional.
El jurista fue recibido por los diputados Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión, Heriberto Aracena, Santiago Vilorio, José Benedicto Hernández, Alex Lara, Pedro Martínez, Juan Alberto Aquino, Diómedes Rojas, Dulce Quiñones e Isabel de la Cruz.
Santo Domingo, R.D.-Unos 34 recursos directos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) han sido acogidos por el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y a la protección de los derechos fundamentales, el cual está obligado a poner por encima el derecho internacional y continental sobre el derecho interno en materia de derechos humanos.
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
SANTO DOMINGO. Los directores de Elecciones, de Informática, del Voto dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad Personal y Electoral y de Registro Electoral fueron ratificados por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE)
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-Un autobús con 70 haitianos indocumentados fue detenido por el Ejército en Azua cuando eran trasladados durante la madrugada de este viernes.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.