Santo Domingo, RD. A través de la Inspectoría de la Policía Nacional se han hecho Cambios y nuevas designaciones en la estructura operativa de la Inspectoría del órgano de control interno de esa institución.Nacionales
Sustituciones en la Policía Nacional con designación de 33 nuevos inspectores
Santo Domingo, RD. A través de la Inspectoría de la Policía Nacional se han hecho Cambios y nuevas designaciones en la estructura operativa de la Inspectoría del órgano de control interno de esa institución.La Inspectoría General, a cargo del general Cordero Ubri, tiene el objetivo de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes, códigos, reglamentos disciplinarios y resoluciones institucionales.
Entre las designaciones figura la de los coroneles Elvis Zarzuela Paniagua, como Inspector Central, con asiento en la Dirección de Recursos Humanos; Pedro José Wade Uribe, Inspector Regional, con asiento en la Dirección Sureste, San Pedro de Macorís, y Fausto Montero Recio, Inspector Central, con asiento en la Dirección de Prevención.
También, los coroneles Abiu Aaron Zilberberg Cabral, en la Dirección de Soporte y Servicios; Luis Taveras Castillo, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT); Marcos José Vallejo, en la Dirección Regional del Distrito; Pedro Radhamés Marte Báez, en el Palacio policial (sede) y Noel Lebrón Peña en la Dirección Regional Este.
Junto a ellos, los coroneles José Miguel Medina, en la Dirección Regional Cibao Central; Narciso Feliz Romero, en la Dirección Policía Especializada en la Seguridad del Metro de Santo Domingo; Juan Fajardo Hernández, en la Regional Santo Domingo Oeste; Ángel Martínez de la Rosa, en la Dirección Central de Inteligencia, y Amado Ventura Nivar, en la Dirección Regional Oeste.
Otros coroneles designados son Emilio Corcino Galván, en la Dirección de la Policía Escolar; José Rafael Gómez Fernández, en la Dirección Regional Cibao Sur; Rolando Montero Bautista, en la Dirección de la Policía Comunitaria; Iván Bello Almonte, en Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes; Víctor Bienvenido Cruz Fabián, en la Dirección Central de Investigación y Livet Corporán Corporán, en la Dirección de Asuntos Legales.
La medida del mayor general Alberto Then incluye, además, a los coroneles Yrenis Belkis Ogando Roa, en la Dirección de Protección de Servicios Especializados; José de los Santos Valdez, en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación; Rafael Antonio Santos Grullón, en la Dirección de Tecnología de la Información, y Rafael Antonio Santos, en la Dirección de Planificación y Desarrollo.
También, los tenientes coroneles Máximo Antonio Almánzar Reynoso, en el Departamento de La Vega; Luis Manuel Santana Meran, Departamento Distrito Nacional Uno (C-1); Bernardo Guzmán Aquino, Departamento Santo Domingo Zonal Noreste; Gilbert Fermín Cuevas, Departamento Villa Mella; Francisco Jorge Rodríguez, Departamento Zonal Santiago Dos (S-2) y Sanave Montero Montero, Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol).
Junto a ellos los mayores Octavio Tiburcio Abreu, en la Dirección Policía Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar; Martín Montero Sánchez, Departamento Villa Duarte; Andrés Miguel Paulino Martínez, en el Departamento Distrito Nacional Cuatro (C-4), y Wilgton Ramírez Galva, en el Departamento de Protección de Dignatarios.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.